Según la FGR, en el operativo fueron detenidos un fiscal auxiliar de Chalatenango, un notario, un empleado del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB) y un docente universitario que realizaban diferentes funciones en la organización criminal.
La red denominada por la FGR como "Estructura Ganaderos de Chalate", era dirigida por Lucio Edwin Ayala Flores, exalcalde de San Antonio de la Cruz, Chalatenango, quien purga una pena de 45 años de prisión "por los delitos de narcotráfico y tráfico ilegal de personas".
"Las investigaciones han determinado que el exalcalde brindaba las instrucciones a los ahora capturados, para que cumplieran funciones específicas con la finalidad de cometer ilícitos y obtener beneficios", dijo la Fiscalía en su cuenta de X.
Durante el operativo efectuado por la Unidad de Patrimonio Privado y Propiedad Intelectual de la Oficina Fiscal de Santa Tecla, se realizaron cinco allanamientos en propiedades ubicadas en Chalatenango y Soyapango, en las que incautaron "evidencia importante" armas de fuego, abundante documentación, equipos informáticos, dinero en efectivo y teléfonos.
Entérese >>> Bienes por $616,000 del exalcalde de San Antonio La Cruz pasan a mano del Estado
Corrompían a funcionarios
La FGR explicó que la "Estructura Ganaderos de Chalate" se encargaba de corromper a funcionarios públicos para obtener "información valiosa" y lograr evadir la justicia.
Además del tráfico de personas, la estructura es acusada de Cohecho en su modalidad: Cohecho Activo y Cohecho Propio, Falsedad Ideológica y Falsedad Material en su agravante de faldead documental agravada.
Los detenidos fueron identificados como:
Noé Miranda Guardado, fiscal auxiliar de la Oficina Fiscal de Chalatenango, es procesado por incumplimiento de deberes y revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos.
Jaime Álvaro Menjívar Martínez, abogado y notario, acusado de falsedad material e ideológica agravada.
José Matías Caravantes Serrano, docente universitario, señalado por falsedad material e ideológica agravada.
José Mario Burgos Reyes, empleado del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), acusado de verificar información de diferentes inmuebles a cambio de dinero.
En el caso del fiscal auxiliar de Chalatenango la FGR aseguró que este "Verificaba el sistema de Fiscalía e informaba al líder de la estructura, el exalcalde de Chalatenango Lucio Edwin Ayala, sobre las denuncias penales en su contra y del avance de los procesos que ya existían".
Además, Miranda Guardado se encargaba de asesorar a los abogados defensores del exalcalde de San Antonio de la Cruz, sobre si existían "denuncias penales en su contra y del avance de los procesos que ya existían".
"Los delitos que se le atribuyen son incumplimiento de deberes y revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos", manifestó la FGR.