Jueza llama a 20 testigos para declarar en caso masacre de El Mozote

El Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, en Morazán, notificó a las partes en el caso de la masacre de El Mozote y lugares aledaños, la diligencia judicial donde 20 testigos declararán sobre la matanza ocurrida durante la guerra civil, en 1981. La diligencia se ha programado para el 31 de octubre y los días 1,3 y 4 de noviembre, según confirmó ayer David Morales, acusador particular en el caso. Estas declaraciones estaban programadas para realizarse entre el 18 al 21 de octubre, pero fue suspendida por la nueva jueza de la causa, Mirtala Cruz. Los acusadores explicaron que la suspensión ocurrió tras un recurso de revocatoria, en el sentido que la jueza citó a los testigos de forma simultánea. "Situación que para nosotros es imposible si se respeta las nuevas reglas del Código Procesal Penal actual que habla de inmediación, de oralidad, de participación de las víctimas, de los mismos imputados, de las partes, eso no ocurre; ella ( la jueza) quiere implementar el Código de 1973, en donde un auxiliar toma la declaración y ahí solo pasa la declaración para que ella le revise, eso ya quedó en el pasado esas actuaciones del sistema, esos temas de justicia no pueden ser”, dijo Ovidio Gonzáles de Tutela Legal Doctora Maria Julia Hernández. Leonel Claros, familiar de víctimas y presidente de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (Apdhem) explicó que esperan que la diligencia no se suspenda o se siga retrasando, luego del "paro” que el caso ha tenido tras la remoción del juez Guzmán que antes llevaba la causa.

Falta de justicia.

A 10 años de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de El Salvador donde ordenó investigar los hechos e impulsar medidas de reparación y no repetición, los representantes legales de la víctimas y sobrevivientes de la masacre recriminaron ayer la falta del cumplimiento. "En el tema de justicia creémoos que está un poco lejos porque hemos tenido muchas cosas en contra del caso y han estado queriendo mover un juez, queriendo poner un paro, y al final nuestros familiares que ellos pusieron la demanda en el 90, ellos están falleciendo y los pocos que están ya no tienen tanta fuerza como para seguir con estos procesos”, afirmó Leonel Claros. David Morales añadió que el caso "está estancado en este momento”, y que el escenario del actual Gobierno ha sido de "mucha incompetencia y falta de voluntad para ser eficientes en el caso”. En cuanto a medidas de reparación señaló que se ha avanzado mínimamente, como por ejemplo con obras en El Mozote, pero no en otros caseríos donde no hay casi nada de obras. "Obras de memoria, caminos, obra pública, no hay apoyo a las nuevas generaciones, el plan de desarrollo económico que ordenó la Corte Interamericana para todas las comunidades que fueron destruidas nunca llegó a 10 años, entonces me atrevería a decir que la mayor parte de la sentencia ha sido incumplida hasta hoy”, dijo Morales.