Dos juzgados de instrucción de San Salvador, que serán absorbidos por tribunales contra el Crimen Organizado, tienen aún en su poder tres casos donde se procesan a un exalcalde capitalino, un expresidente de la República y un exdiputado.
El Juzgado Octavo de Instrucción procesa al exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, por retenciones arbitrarias en perjuicio de empleados de la comuna capitalina; aunque la Fiscalía General de la República presentó la acusación final en julio pasado, esta sede judicial aún tiene pendiente programar la audiencia preliminar.
También el Juzgado Sexto de Instrucción tiene dos casos por corrupción: se trata de la acusación de lavado de $5.4 millones contra el exdiputado del FMLN, Sigfrido Reyes, donde aún se espera que la audiencia preliminar sea agendada.
Esa misma sede procesa el caso contra el expresidente de la República, Salvador Sánchez Cerén y 17 personas más por blanqueo de capitales de $183 millones, acusación que hizo la Fiscalía este año.
La reforma sostiene que los casos que tengan los juzgados que desaparecerán deben ser distribuidos en el resto sedes judiciales de la zona respectiva.
La reforma.
Ambas sedes junto al Séptimo de Instrucción son tres de los juzgados que serán absorbidos por los nuevos Tribunales contra el Crimen Organizado, a partir del 1 de enero, luego que la Asamblea Legislativa aprobara una reestructuración de juzgados en noviembre pasado.
La reestructuración quedó plasmada en una reforma a la Ley Orgánica Judicial para que 42 juzgados especializados de instrucción, especializados de apoyo, especializados de sentencia, juzgados de menores y algunos de paz desaparezcan desde el próximo año.
También, las cámaras especializadas de lo penal se convertirán en Cámara Primera y Segunda contra el Crimen Organizado, respectivamente. Seis de los nuevos tribunales tendrán sede en San Salvador, pero tendrán competencia en la zona paracentral. Tres tribunales estarán en Santa Ana y conocerán procesos de la zona occidental y dos más estarán en San Miguel, y tendrán competencia en todo oriente.
La reforma establece que los tribunales contra el crimen organizado estarán compuestos por cuatro jueces propietarios con sus suplentes. Uno deberá ser juez de menores designado por la Corte Suprema de Justicia y será el facultado en conocer los procesos contra menores en este tipo de procesos. Dicho juez se denominará "juez de garantías para el menor” y deberá actuar respetando la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales.
Diario El Mundo intentó saber cómo avanza el proceso de reestructuración de los nuevos tribunales, sin embargo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Óscar López Jeréz, no respondió las preguntas enviadas a su plataforma de mensajería WhatsApp.
El Diario Oficinal aún no ha publicado el decreto 551 que contiene la reforma.
El dato
Las nuevas Cámaras contra el Crimen Organizado tendrán competencia para conocer los recursos de apelación de los tribunales de todo el país.