La Fiscalía desistió del proceso penal contra Intratex luego del pago de impuestos

ordenó la captura del representante legal de la textilera Mario Ernesto Daura Mijango, por evasión de impuestos, y días más tarde, el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador ordenó liberarlo, pero bajo medidas. Daura Mijango tuvo que pagar una fianza de $500,000 y portar un brazalete electrónico para garantizar que no se fugara. Sin embargo, sus abogados apelaron esta decisión ante la Cámara Tercera de lo Penal, porque consideraban que el delito no se configuraba. Dos meses más tarde, la Cámara exoneró a Daura luego que un informe del Ministerio de Hacienda señalara que la evasión no fue intencional, porque la información no era falsa sino inexacta. Este caso comenzó a ser investigado tras una denuncia que interpuso la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda en la Fiscalía ya que al hacer un análisis la declaración presentada por Daura Mijango detectaron que había incurrido en un supuesta evasión. El Ministerio Público Fiscal dijo que el procesado supuestamente defraudó al fisco en el año 2017 pues no declaró en concepto de ventas no gravadas de $293,036,117.37, ya que presentó de forma indebida rentas no gravadas, basándose en un acuerdo que en el año 2014 emitió el Ministerio de Economía que establecía que las empresas dedicadas a la comercialización de prendas de vestir estaban exentas de impuestos sobre la renta. En octubre del 2020, los magistrados afirmaron en su escrito que la sociedad Intratex El Salvador, en su declaración de la renta de 2017, manejó información inexacta que materializó en el formulario de declaración de la renta al seleccionar la casilla "rentas no gravadas”, lo que dio lugar a que el sistema no le especificara que tenía que pagarle al Estado la suma de $5,336,293.33, porque los ingresos debían ser gravados. De la resolución del tribunal superior se extrajo que dicha compañía en 2017 realizó ventas por $270,741,708.44, lo que generó gastos de venta por $3,936,357.21 y gastos financieros por $570,407.27 que totalizan $275,248,472.92 . Además se detalla que ese monto dejó una ganancia o utilidad de $17,787,6644.45, de este total, la compañía debió haber realizado su declaración fiscal de 2017 y cancelado a la Dirección General de Tributación Directa, la suma de $5,336,293.33. La Sala de lo Constitucional de ese entonces recibió un amparo de parte de los representantes legales de Intratex y los magistrados ordenaron suspender "provisionalmente” el caso y pidió que Hacienda aclarara si antes de iniciar el proceso penal, terminaron el administrativo, para cobrar el impuesto no pagado. No conforme con la resolución de la Cámara, la Fiscalía elevó el proceso a la Sala de lo Penal y presentó un recurso de casación. Sin embargo, en ese contexto, la Asamblea Legislativa destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General de la República, el 1 de mayo del 2021, e impusieron a otros funcionarios. Fue hasta en enero de 2022, que los magistrados de la Sala de lo Constitucional nombrados por la bancada de Nuevas Ideas y aliados, reactivaron el proceso textil y dijeron que el amparo admitido fue "un error” de los antecesores.