Alabí aseguró que la inmunidad no solo es para funcionarios: también cubrirá a las farmacéuticas para eximirlas de responsabilidad penal y civil. /Foto: Secretaría de Prensa.
El ministro de Salud, Francisco Alabí, celebró hoy la aprobación de la polémica ley que blinda a funcionarios y empresas de cualquier denuncia o demanda por compras relacionadas al covid-19, bautizada por la minoría opositora como "Ley Alabí"; y explicó que, a pesar de las críticas, esta norma facilitará al país adquirir más vacunas anticovid.Se trata de la
Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de Salud Pública ocasionadas por la pandemia covid-19, aprobada ayer por la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista.En su controvertido artículo 4, esta ley
crea "inmunidad ante demandas y denuncias judiciales o administrativas" para proveedores de salud, médicos, farmacéuticos, organizaciones hospitalarias, fabricantes y
quienes autoricen la compra de los insumos y servicios anticovid, como el Ministerio de Salud. Además,
permite a todo el sistema integrado de salud pública la contratación directa de productos y servicios relacionados a la pandemia, dejándolos excluidos de aplicar la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).Alabí justificó y defendió ambas disposiciones diciendo que esta ley dará fortaleza al sistema de Salud, y brindará las herramientas necesarias para "acceder en tiempo oportuno a las estrategias que están a nivel internacional".
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Al ser cuestionado sobre el artículo 4 de la ley, que declara inmunidad para proveedores de servicios de salud y medicamentos; Alabí aseguró que "todos los países del mundo" están estableciendo este tipo de regímenes.
Criticó, además, "la difusión mediática" que ha tenido la ley.Según el ministro de Salud, el artículo 4 "
obedece a una serie de situaciones que le pueden facilitar al país tener el acceso a ciertas estrategias,una de ellas es la vacunación". Esta inmunidad, afirmó, es solicitada por las farmacéuticas en sus convenios de compra. Según Alabí, "el funcionario no es el único que toma la decisión" de emitir órdenes de compra, distribuir y aplicar la vacuna. Además,
destacó que las farmacéuticas incluyen "cláusulas de exoneración" de responsabilidad. A la fecha, los convenios firmados entre El Salvador y farmacéuticas siguen siendo de carácter confidencial. La estrategia de vacunación, el costo de las dosis y de la infraestructura construida para aplicarlas; fueron puestas en reserva por el Ministerio de Salud.
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Alabí aseguró que las compras directas son para facilitar los procesos durante una "situación excepcional" de Salud, como la pandemia del covid-19.Defendió, además, que "hay todo un equipo para poder hacer este proceso" que no necesariamente involucra a los funcionarios. Esto, a pesar que las órdenes de compra son estampadas con la firma de los ministros.El ministro de Salud agregó que las compras públicas usando la LACAP "no dan seguridad en cierto tipo de situaciones". "Disminuye ciertos riesgos, pero también se puede prolongar (la compra) y ser ineficiente", agregó. Al aprobarse esta ley, la Asamblea Legislativa restauró el esquema utilizado por el Ministerio de Salud para realizar compras directas en la pandemia, suprimiendo la Lacap y haciendo compras directas a través del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid).El Fopromid ha permitido el uso secreto de los fondos según investigaciones de organizaciones de la sociedad civil. Por una parte, el Comité de Seguimiento y Veeduría Ciudadana del Fondo de Emergencia, Recuperación Económica (FERRE) informó en febrero que $607.1 millones se canalizaron a través de Fopromid, que permite opacidad e inaplicación de la LACAP