El TEG no halló elementos contra el ministro de Salud, Francisco Alabí.


El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) resolvió no iniciar un proceso sancionatorio contra el ministro de Salud, Francisco Alabí, por la compra de caretas protectoras a la empresa de Jorge Aguilar, quien se desempeñaba como presidente del Fondo Ambiental de El Salvador (Fonaes) al momento de suscribir el contrato.

La decisión de no abrir el proceso de sanción y enviar el caso a archivo se basó en que no se tenían suficientes elementos que probaran que el ministro tuviera conocimiento de infracciones a la Ley de Ética Gubernamental (LEG) y, por tanto, hubiera omitido denunciarlas.

La resolución emitida el 16 de abril de 2021, dice que la investigación preliminar no revela “elementos objetivos” que robustezcan la denuncia de transgresiones al deber ético de denunciar ante el TEG o ante la Comisión de Ética Gubernamental las supuestas violaciones a la LEG, “de las que tuviere conocimiento en el ejercicio de su función pública”.

 

Cuestiona decisión.


La resolución alega que debido a esa falta de datos, “resulta imposible continuar con la tramitación del presente procedimiento administrativo sancionador”.

Sobre esta decisión se consultó opinión a Wilson Sandobal, del Centro de Asesoría Legal Anti Corrupción en El Salvador (ALAC) de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), quien interpuso la denuncia en el TEG el año pasado.

“Uno puede preguntarse ¿realmente el ministro no sabía sobre lo que estaba firmando?, ¿cómo llegó a esa conclusión el TEG?”, dijo.

Enfatizó que el ministro estaba obligado a notificar al Tribunal. “Es curioso y lo que siempre recalcamos es que parece que el Tribunal nunca se toma a bien el tema de poder, realmente, investigar cuáles son los hechos y de poder instruir un proceso que determine si realmente hay espacio para una sanción ética”, agregó Sandoval.

Néstor Castaneda es el presidente del Tribunal de Ética Gubernamental.

Compra.


El Ministerio de Salud efectuó en abril de 2020 la compra de máscaras faciales protectoras, por un monto de $250,000 a la empresa INSEMA, S.A. de C.V, propiedad del entonces presidente del Fonaes, en un proceso de contratación directa permitido por el Estado de Emergencia Nacional por la pandemia del covid-19 .

 

El dato


Presidente del TEG, José Néstor Castaneda, se encuentra en el proceso de aspirantes a candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).