Tras casi un año y medio de negociaciones para encontrar una conciliación entre la administración del presidente Joe Biden y un grupo de beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), el proceso colapsó el martes sin acuerdos los que deja en riesgo de deportación a más de 260,000 migrantes incluidos en la demanda colectiva, en la que figuran cientos de salvadoreños.
Esta demanda fue presentada por primera vez en 2018 después de que el expresidente Donald Trump cancelara el programa de protecciones para migrantes de El Salvador, Haití, Nicaragua, Sudán y, más tarde, para Nepal y Honduras. Aunque desde entonces la administración Biden ha redesignado el estatus de Haití y Sudán, no ha extendido las mismas protecciones para los otros cuatro países.
"Cientos de miles de personas han tenido protección humanitaria en los Estados Unidos durante más de dos décadas. Es cruel e injusto que corran el riesgo de ser arrancados de sus comunidades y familias”, dijo Emi MacLean, abogada de la Union Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) del norte de California, tras conocerse el colapso de las negociaciones.
"El presidente Biden debe actuar de inmediato para deshacer las terminaciones racistas del TPS de Trump y garantizar la protección de los titulares de TPS. Los titulares de TPS y sus familias no deberían estar en el limbo ni un día más”, reprochó MacLean.
Actualmente el programa ya cancelado, mantiene su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022, a decisión de un tribunal federal por otra demanda colectiva.
Según reportes de Univision en junio de 2021 los equipos legales que representan a los demandantes y al gobierno de Biden en el caso denominado ‘Ramos v. Mayorkas’, solicitaron una moción conjunta para ingresar al Programa de Mediación de la corte de Apelaciones del 9º Circuito.
A través de la demanda de Ramos v. Mayorkas, los titulares de TPS y sus hijos ciudadanos estadounidenses obtuvieron un alivio temporal en octubre de 2018, cuando un juez de un tribunal de distrito federal dictaminó que las terminaciones del programa hechas por Trump eran "ilegales” y motivadas por intenciones "racistas”.
Indignación
"Estamos profundamente decepcionados de que la Administración de Biden haya optado por defender las decisiones de cancelación de la era Trump, poniendo así a cientos de miles de familias en riesgo de separación”, le dijo a Univision, Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Leyes y Políticas de Inmigración de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), que representa a los demandantes.
"Le hemos pedido a la Corte de Apelaciones del 9º Circuito en pleno que dictamine que esas cancelaciones fueron ilegales. Esto es lo que la ley claramente requiere”, agregó.
También acusan a Biden de incumplir promesas de campaña. "Al no volver a designar el TPS para proteger a cientos de miles de centroamericanos y nepalíes, el presidente Biden está haciendo lo contrario de lo que prometió hacer con las familias migrantes”, dijo Erasmo Ramos, un inmigrante hondureño titular del TPS y líder de la Alianza Nacional del TPS.
"En cambio, está respaldando las políticas antiinmigrantes de Trump, despojando a los inmigrantes de protección y negando nuestros derechos”, le dijo a Univision.
Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU se negó a comentar sobre los litigios pendientes, pero le dijo al diario Los Angeles Times que
"los actuales titulares de TPS de El Salvador, Nepal, Nicaragua y Honduras seguirán estando protegidos en los próximos meses”. Voces salvadoreñas demandantes de TPS
"Cuando el presidente Biden llegó a la Casa Blanca, tenía la esperanza de que cambiaría las políticas que dejaban vulnerables a los titulares de TPS. Eso no ha sucedido”, dijo Elsy Flores de Ayala, demandante en el litigio de Ramos que ha tenido TPS por más de 20 años y líder en la Alianza Nacional TPS .
"El fracaso de la administración para llegar a un acuerdo para resolver nuestro caso es desgarrador para todos nosotros. Pero no abandonaremos la lucha para mantener a nuestras familias seguras y unidas”, reiteró la salvadoreña.
Flores Ayala dijo a Los Angeles Times que está frustrada porque no se pudo negociar un acuerdo. La mujere de 43 años, su esposo y su hija de 24 años tienen TPS desde 2001, un año después de que llegaron a los Estados Unidos desde El Salvador.
Flores Ayala dijo al rotativo estadounidense que ella y su familia, que viven en Washington, dependen de los beneficios del TPS. Ella trabaja en el cuidado de niños, su esposo hace mantenimiento en un edificio de apartamentos y su hija está en la universidad. También le preocupa lo que podría pasar si pierden las protecciones de deportación. Sus dos hijos menores, de 17 y 21 años, nacieron en Estados Unidos y teme ser separada de ellos.
"La administración de Biden tiene la autoridad legal y la obligación moral de expandir el TPS a todos los que lo necesitan”, dijo Doris Landaverde, titular de TPS de El Salvador y líder de la Alianza Nacional de TPS.
"Redesignar TPS para los países centroamericanos debería ser lo mínimo para un gobierno que tiene una deuda histórica con una región devastada por la intervención estadounidense y con nuestra comunidad cuya mano de obra se ha utilizado para sostener la economía estadounidense, incluso en medio de una pandemia global”, machacó la salvadoreña.
Las organizaciones que buscan una extensión de la protección del TPS llamaron este miércoles a incrementar la presión hacia la administración Biden para que establezca una extensión de la protección o una reforma migratoria que asegure sus trabajos y la unidad familias dentro de EEUU.