Organización registra más de 100 reos que siguen en prisión pese a tener carta de libertad

Más de un centenar de personas permanecen privadas de libertad en centros penitenciarios, pese a tener una orden de libertad firmada por un juez, según los registro sde la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (Unidech). El abogado reveló esta cifra el pasado viernes 5 de julio cuando presentó un aviso penal en contra del director de Centros Penales, Osiris Luna, y del director del penal de Izalco, Ricardo Ernesto Salguero, por no ejecutar la orden de libertad del joven Javier Reynaldo González, quien tenía una orden de libertad desde mayo pasado, sin embargo, fue liberado el viernes en la noche, posterior a este aviso. "Solo nosotros como Unidech estamos calculado más de 100 casos que llevamos solo Unidech donde tienen orden, carta de libertad, medidas sustitutivas a la detención y centros penales no las está cumpliendo”, manifestó el abogado Rudy Joya a los periodistas. El abogado explicó que ocurre que la mayoría de familias no denuncian debido al miedo, porque ha ocurrido en otros casos, que las familias han denunciado y agentes de la Policía Nacional Civil o soldados los acosan y señalan de pertenecer a pandillas. Joya también hizo el llamado al fiscal general de la República a investigar los casos, donde se está incumpliendo una orden judicial. "¿Qué parece acá? Que más bien es que no los quieren sacar porque hay otro tipo de negocios o corrupción dentro de Centros Penales con esos paquetes”, sostuvo. Públicamente, el Comité de Familiares de Presos y Presas Políticas de El Salvador (Cofappes) ha denunciado el caso del exministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, quien ya tiene más de seis meses con una carta con medidas alternas a la detención ordenada por un tribunal que no ha sido ejecutada por Centros Penales, institución que tampoco ha respondido a los llamados hechos por el mismo juez o los abogados defensores. Los abogados incluso han presentado una viso penal a la Fiscalía para indagar el incumplimiento de Centros Penales. El Salvador está bajo un régimen de excepción desde el 27 de marzo de 2022 que restringió garantías constitucionales, entre ellos, el derecho a la defensa, el derecho a la detención administrativa por 72 horas y el derecho a la no intervención de las telecomunicaciones. Bajo este régimen, el gobierno salvadoreño ha detenido a más de 80,500 personas, de las cuales hasta hace unos meses liberó a 7,000 aproximadamente.