Organizaciones piden incluir como delito el financiamiento ilícito de partidos en Código Penal

Las organizaciones no gubernamentales Cristosal y Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (Tracoda) coinciden en que es necesario que se reforme la legislación penal para regular como delito el financiamiento ilícito de partidos políticos y candidatos, especialmente durante las campañas electorales. Cristosal asegura que la corrupción es un fenómeno capaz "mutar o adicionar nuevas prácticas" como hacer uso de criptoactivos "para fondos ilícitos, blanquear capitales y financiar ilegalmente" a institutos políticos o candidatos, por ello considera necesario "reformar la ley penal para regular como delito el financiamiento ilícito de partidos y candidatos". La organización indica, en su informe "Diez patrones de la corrupción en El Salvador", que normar este delito permitiría investigar a funcionarios con vínculos con la delincuencia organizada y que han usado dinero ilícito para financiar campañas políticas y a quienes usan dinero público para financiar campañas electorales. Cree que, con una legislación que contemple este delito, se podrían identificar las formas en las que partidos políticos hacen que sus actividades "se ajusten a la ley" para poder "detectar y prevenir el financiamiento ilegal". Por su parte, el presidente de Tracoda, Luis V. Villaherrera, aseguró que, de tipificarse el financiamiento ilícito de partidos como delito, se podría "disuadir a partidos políticos y candidatos de aceptar o utilizar fondos de procedencia no legal". Sin embargo, Villaherrera advierte que esta legislación debería ser redactada "claramente para evitar arbitrariedades" y evitar que sea "mal utilizada para castigar a partidos opositores", por ello, considera que de legislarse, la reforma debiera ser escrita por expertos en el tema y asegurar su cumplimiento.

¿Qué papel juega del TSE?

Cristosal asevera que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) "no está cumpliendo con sus obligaciones" de fiscalización del financiamiento que reciben los institutos políticos y critica la "pasividad o connivencia" que genera que los partidos no revelen sus fuentes de financiamiento, montos y destino del mismo. Asimismo, hace una "particular mención" a la necesaria regulación "sobre el financiamiento de campañas a través de criptoactivos". Villaherrera asegura que el Tribunal "es de resaltar que este se ha mostrado muy pasivo, siendo poco diligente" con la investigación sobre las finanzas de los partidos, al igual con el acceso a la información "en los que el TSE se ha negado a sancionar o tramitar casos de partidos que se niegan a divulgar datos de sus donantes". En marzo de 2022, el entonces magistrado Julio Olivo propuso reformas para que las donaciones en bitcoin para campañas de partidos y candidatos fueran reguladas pues consideraba que esto podía generar "desigualdades y asimetrías entre los partidos” y candidatos. Un mes antes de dejar sus cargos, los exmagistrados del TSE habilitaron la Unidad de Fiscalización del Financiamiento de los Partidos Políticos para "promover la transparencia en el financiamiento" de los institutos y designaron una comisión temporal para encargarse de la unidad. Los nuevos magistrados aún no han informado quiénes asumirán la ejecución de esta unidad. La Ley de Partidos Políticos obliga a los institutos a poner a disposición de la Corte de Cuentas de la República (CCR) la información sobre su financiamiento público; y a disposición del TSE y Hacienda, su financiamiento público y privado "sin necesidad de que medie el consentimiento de los donantes al final de cada ejercicio fiscal".