Presentan segunda denuncia ante PDDH por violación de derechos contra vendedores de la Costa del Sol
Martes 26, Noviembre 2024 - 3:20 PM
Según la abogada de Unidehc, los vendedores tienen seis meses desde que fueron desalojados sin tener un resarcimiento por el hecho.
Una segunda demanda por posibles violaciones a derechos humanos, en perjuicio de los vendedores de la Costa del Sol, fue presentada este martes ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), por la abogada de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc), Ivania Cruz.
En la demanda, Cruz pide que la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, conceda una audiencia con los afectados, se investigue y demuestre la vulneración a los derechos del honor e integridad, el trabajo, la seguridad jurídica, la defensa, la igualdad y la propiedad.
Cruz también señaló que la PDDH se encuentra con "acción pasiva” en este caso, y advirtió que, ante la falta de interés, procederán a presentar una denuncia por incumplimiento de deberes y actos arbitrarios por parte de las autoridades. El pasado 11 de mayo de este año, la alcaldía de La Paz Centro desalojó a 59 comedores construidos con ramadas de la playa Costa del Sol, en San Luis La Herradura, La Paz. Personal de la alcaldía, con el apoyo del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) y la Policía, ejecutó el desalojo utilizando sierras y fuego para retirar las estructuras, dejando a los comerciantes sin un espacio para operar.
La medida fue ejecutada tras una notificación emitida por la alcaldía de La Paz Centro y firmada por César Augusto Ticas, jefe de Catastro y Control Tributario Municipal, que daba un plazo de 24 horas para un desalojo "voluntario" en caso de carecer de permisos de construcción y medio ambiente.
Más de seis meses han transcurrido desde el desalojo de más de 50 comerciantes que operaban en la zona frente al turicentro Costa del Sol. Por este caso, fue detenido el alcalde de La Paz Centro, Napoleón Armando Iraheta Jirón, por presuntamente ordenar quemar las ramadas, y fue procesado por los delitos de incendios y actos arbitrarios.
El alcalde fue capturado junto con Augusto Ticas Linares, el jefe de catastro, acusados de sobrepasar una resolución judicial de un juzgado de Medio Ambiente que había emitido una resolución con medidas cautelares contra los comerciantes ubicados en la playa de la Costa del Sol, que ordenaba una verificación de permisos y suspensión de los comercios y no una quema de las ramadas.
La jueza en una revisión de la resolución negó que ella había ordenado quemar las ramadas, y aseguró que el exalcalde "malinterpretó" la resolución.