Tres años después de esperar, un ajuste con el Fondo Monetario Internacional (FMI) vuelve a ser tema de agenda tras confirmarse un
acuerdo preliminar con el gobierno salvadoreño.
De momento, el FMI emitió una nota el martes en la cual señaló que las negociaciones preliminares radican en
una mejora del saldo primario en 3.5 % del Producto Interno Bruto (PIB) durante tres años.
¿Qué significa?
Primero, se debe recordar que el saldo primario es la diferencia entre los gastos y los ingresos que recibe el fisco salvadoreño, excluyendo el pago de intereses de la deuda.
Si los ingresos son superiores a los gastos, es un superávit, pero, si los gastos son mayores, el resultado es un déficit fiscal. En el caso de El Salvador, el Ministerio de Hacienda reporta que el balance primario sin pensiones terminó en 2023 con un déficit de 1.6 % del PIB, equivalente a $542.9 millones.
El déficit fiscal, que es recurrente en la economía salvadoreña, se cubre con emisión de
nueva deuda, que eventualmente se vuelve insostenible. Así, el ajuste con el FMI contemplaría medidas para reducir los gastos, al tiempo que aumentaría los ingresos.
El gobierno prevé que el PIB cierre con una generación de riqueza de $35,736.7 millones al término de 2024. Es decir, que el ajuste preliminar con el FMI presentaría cerca de $1,250 millones, al menos $416 millones cada año, durante los tres años que se plantean en el programa.
¿Qué medidas se anticipan?
"Se espera que la consolidación se logre a través de un conjunto equilibrado de medidas, con un enfoque inicial en la
racionalización de la masa salarial pública, al tiempo que se proporciona espacio para el gasto social y de infraestructura crítica”, anticipa el FMI en el comunicado.
Para reducir el déficit fiscal, "lo que tiene que hacer (el gobierno) es recortar gastos y subir impuestos”, señaló el economista Rafael Lemus.
En la consulta al Artículo IV realizada en 2023, el FMI propuso un
ajuste fiscal de 3.5 % del PIB para corregir las distorsiones de la deuda pública. Como en anteriores revisiones, el Fondo mantuvo el año pasado un cóctel de propuestas encaminadas a
aumentar los impuestos, principalmente el IVA y la introducción de un recargo a las ganancias de las grandes empresas.
"Una de las acciones más viables es generar impuestos progresivos a los 110 ultra ricos de El Salvador, los cuales tienen una riqueza de $9,700 millones y obviamente el costo del ajuste ya no tiene que seguir recayendo sobre los asalariados”, indicó Óscar Cabrera, presidente de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (Fudecen).
Sin embargo, tanto representantes del Ejecutivo como
diputados de Nuevas Ideas han repetido que no habrá aumento de impuestos.
En 2023, el FMI también recomendó la
eliminación del subsidio universal al gas licuado de petróleo (GLP), establecido con la ley de estabilización de precios vigente desde septiembre de 2021 y prorrogada hasta mayo de 2025. Aunque considera prudente mantener el subsidio focalizado, indicó que era necesario mejorar el sistema de entrega.
Para el economista Alfonso Goitia, del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas (Colproce), la vía más rápida de incrementar ingresos es a través de un alza en la tasa de IVA, de un 13 % a un 15 %; sin embargo, se traduce en un "impacto grave a las capacidades de consumo de la gente, especialmente a los sectores más pobres”.
En 2021, cuando se intensificaron las negociaciones para un acuerdo con el FMI, el exministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, aseguró que el gobierno no contemplaba un aumento al IVA, sino que se buscarían alternativas como la factura electrónica y el capítulo de precios de transferencia.
Goitia reiteró que una de las alternativas es el impuesto al patrimonio -un gravamen a partir de cierto límite de propiedades-. Además, señaló que la reducción del aparato público ya se ejecuta con la eliminación de instituciones y reducción de planilla.
"El ajuste de 3.5 % implica costos para la población, pero, no hacer eso, la alternativa es correr el riesgo de enfrentar costos superiores con una crisis”, advirtió Lemus.
Otras condicionantes
El FMI recordó que el bitcoin aún representa un riesgo para la estabilidad fiscal y financiera, por lo que son necesarios debates adicionales.
El acuerdo preliminar incluye entendimientos sobre una estrategia plurianual para mejorar la gobernanza, la transparencia y el clima de inversión. "Las autoridades están muy avanzadas en la preparación de propuestas legislativas para abordar la corrupción, las vulnerabilidades al lavado de dinero y las debilidades en los marcos de adquisiciones”, indicó el FMI.
De igual manera, se incluye un plan para fortalecer las
reservas de liquidez del sistema financiero, el principal prestador del gobierno en el mercado interno. Esto, añade el FMI, para reducir la dependencia del financiamiento interno y de bancos multilaterales.