El último informe en conjuto de Cristosal, el Servicio Social Pasionista y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Idhuca) registró que entre 2020 y 2022 hubo 2,237 casos de desplazamiento forzado.
"La ley ya mandata al Estado a crear un registro único, estatal de personas en situación de desplazamiento forzado, situación que poco, y apunto, hasta el día de hoy no tenemos conocimiento de que eso haya sucedido, entonces no tenemos datos oficiales”, señaló ayer Claudia Argueta, de Cristosal.
Añadió que la cifra oficial de los casos es mucho mayor a la presentada, y que esto se trata de un subregistro.
Debido a la pandemia del covid-19, en 2020, las tres organizaciones registraron pocos casos: 563, mientras que el siguiente año, luego de levantadas las medidas que restringían la movilidad aumentaron a 793 casos registrados y en 2022 llegaron a 881.
¿Quiénes son las víctimas?
El registro también indica que en las tres organizaciones, quienes se acercaron a relatar su caso fueron mujeres, seguido de hombres y luego personas de las poblaciones LGBTIQ+.
Sin embargo, de todos los que reportaron sus casos a las organizaciones, no todos denunciaron: Cristosal señaló que solo el 17.7 % acudió a la Policía Nacional Civil, a la Fiscalía General de la República y a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
Por otro lado el Servicio Social Pasionista reportó que el 56 % de las personas denunció y de quienes llegaron al Idhuca, el 64 % denunció. Victimarios y detonantes.
El informe también consignó que el principal hecho que causó el desplazamiento forzado fueron las amenazas, el amedrentamiento, el homicidio de un familiar, las lesiones y la extorsión. También la limitación ilegal a la circulación, el allanamiento de morada, y la privación de libertad.
Los datos indican que el principal victimario fueron las pandillas, seguido un civil o una expareja, y agentes del Estado.
En enero del 2020, la Asamblea Legislativa aprobó la ley para proteger a los desplazados por violencia, tres años más tarde, la normativa no tiene si quiera un reglamento.
Ayer, en la presentación del informe: "Sin protección al sobrevivir, a tres años de la aprobación de la Ley de Desplazamiento Forzado Interno”, las organizaciones señalaron que durante la implementación del régimen de excepción, los casos propiciados por agentes estatales aumentaron. "Ya vamos a tener un año con garantías constitucionales suspendidas por eso las cifras de agentes del Estado se han ido para arriba”, señaló Argueta.