El exdiplomático y crítico del actual Gobierno, Rubén Zamora, aseguró este jueves que la orden de capturarlo, girada por la jueza de Segunda Instancia de San Francisco Gotera, Mirtala Teresa Portillo de Cruz, tenía la intención de callarlo, y asegura "algo” lograron.
"Es clarísimo que lo que querían era callarme, lograron algo verdad, porque en los últimos meses y semanas de la cosa (orden de captura), yo estaba imposibilitado”, afirmó Zamora en conferencia de prensa este jueves, luego que el pasado 31 de enero se hiciera público la anulación de la orden de captura.
Zamora aseguró que sabe quien le ordenó a la jueza que girara esa orden de captura, que calificó sin fundamento; sin embargo, no dio nombres, solo expresó que en su momento lo revelará.
Agregó que tras conocer
la resolución de excarcelación, acudirá al juzgado junto con sus abogados para conocer la imputación y saber bajo qué términos queda su situación jurídica.
Aseguró que pese a que la acusación continúa, él no saldrá del país o huirá, al contrario, seguirá luchando por la democracia en el país.
"Yo no me voy a salir del país, yo quiero seguir en mi país y
voy a seguir en este país luchando por la democracia por los respetos de la humanidad y que se bajen las diferencias económicas y sociales, voy a seguir aquí en el país, pero lo quiero decir claro: yo no tengo esperanza de ser mártir, por eso yo también pienso tomar mi camino cuando yo crea que puedo seguir siendo mas útil para defender al pueblo, para defender los pobres, para defender a los demócratas del país, yo lo hago de donde sea por parte del mundo”, aseguró Zamora.
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Zamora se defendió de las acusaciones afirmando que
él se opuso a la aprobación de la Ley de Amnistía de 1993, por la que es
acusado del delito de encubrimiento, con la que ayudaba a encubrir la masacre de la Fuerza Armada en el caserío El Mozote en diciembre de 1981.
"Por lo que se me acusa no existe. ¿Por qué? Porque yo escribí la primera ley de amnistía, un año después el Gobierno del señor Cristiani decidió que hicieran otra, y ahí fue donde los diputados del Partido de Concertación Nacional (PCN) porque no fue Cristiani ni de los demás partidos los que presentaron la ley de amnistía, que era una ley de absoluto perdón...primero, no fue como se me ha acusado del grupo de nueve diputados que pidieron esa ley; segundo,
yo si hablé en esa ley y tengo mi discurso, tengo la copia especial de ese discurso donde yo dije que era la primera quiebra que se le hace a los Acuerdos de Paz...yo expliqué que era inconstitucional y que tanto todos los diputados de mi fracción nos levantamos y dijimos: ‘No aceptamos esta ley y no nos vamos a prestar a eso” explicó Zamora.
Sostuvo que todas las copias donde consta que él se opuso a la creación de la ley en su momento tendrán que ser parte de la prueba que desfilaría en el caso.
Abogados de la Plataforma Justicia Plena aseguraron que
la jueza evadió los vacíos legales que la acusación contenía, ya que afirmaron que la Constitución de la República establece que no se puede juzgar a los legisladores por las leyes aprobadas. Aseguraron que iniciarán acciones administrativos en la Corte Suprema de Justicia contra la jueza por el "acto jurídico” calificaron como "aberrante”.
Por su parte, la hermana del exdiplomático, Aracely Zamora, agradeció a las organizaciones y población salvadoreña, el apoyo que brindaron para que se desistiera de la orden de captura contra su familiar, que sumaron más de
8,000 firmas de diferentes partes del mundo. El caso.
El pasado 22 de diciembre, el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera ordenó la detención provisional a Zamora, de igual forma al expresidente Alfredo Cristiani y otros exdiputados de ese entonces , todos acusados de ayudar, en calidad de miembros de la junta directiva de la Asamblea Legislativa, a los principales acusados de la masacre con la aprobación de la Ley de Amnistía. Dicha orden fue anulada por la jueza según se hizo público el pasado 31 de enero.
Entre 11 y 13 de diciembre de 1981, unas 978 personas, incluidos 553 niños, fueron asesinadas por miembros de la Fuerza Armada de El Salvador en el plan Yunque y Martillo, en las comunidades de Arambala, La Joya, El Mozote, Ranchería, Los Toriles, Jocote Amarillo, Cerro Pando y Cerro Ortiz. Otras 712 personas que sobrevivieron al ataque abandonaron la zona.
El caso de la masacre de El Mozote, fue judicializado tras ser declarada inconstitucional la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz aprobada en marzo de 1993, y los principales acusados son militares que tenían bajo su mando las Fuerzas Armadas a principios de los 80.