Las empresas en investigación son Seguridad e Investigaciones Empresariales de El Salvador y Multi-inversión Salvadoreña, por posibles violaciones al artículo 25 de la Ley de Competencia, en el cual se prohíbe la fijación o limitación de precios en subastas o licitaciones públicas y privadas, a nivel nacional e internacional.
La SC señaló que las empresas participaron en procesos de compra que superan los $2 millones adjudicados entre 2020 y 2023.
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“La fijación o limitación de precios es perjudicial porque impide la competencia en igualdad de oportunidades”, señaló la Superintendencia en un comunicado. Agregó que cuando los agentes recurren a este tipo de prácticas “las instituciones contratantes no pueden tener un panorama completo y transparente para elegir el servicio que mejor les convenga, a un precio competitivo, que posibilite el uso eficiente de los recursos del Estado”.
La Superintendencia está facultada a determinar responsabilidades e imponer multas según la gravedad de la infracción a partir de los resultados de la investigación.