El decreto obligaba por ley al Gobierno a que los profesionales y trabajadores de salud tuvieran acceso a equipos de protección adecuados e idóneos, a capacitación de los profesionales y trabajadores de salud en el manejo de pacientes con enfermedades altamente transmisibles como el COVID-19 y a proveerles una pensión vitalicia en caso de fallecimiento del cónyuge que se encuentre laborando dentro de la emergencia.
De acuerdo al veto recibido ayer por la Asamblea Legislativa, el decreto viola los principios de libre debate y discusión, el principio de equilibrio presupuestario y el principio de separación de poderes.
Sin embargo, consideró que está de acuerdo con medidas de “coadyuven a garantizar los derechos fundamentales de la población” especialmente el derecho a la salud y la vida.