El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, vetó la prórroga para declarar y pagar el Impuesto sobre la Renta y la contribución especial de los grandes contribuyentes para la seguridad pública, argumentando que es inconstitucional.
La Asamblea Legislativa aprobó la prórroga, el 30 de abril pasado, a través del decreto legislativo 635 “Ley especial transitoria para facilitar la presentación y pago del Impuesto sobre la Renta, el anticipo a cuenta del Impuesto sobre la Renta y otras obligaciones formales en el marco de la emergencia por COVID-19”.
El Presidente dice en el documento que está “de acuerdo con la finalidad del decreto” pero que sancionarlo –avalarlo para que se convierta en ley– implicaría violar la Constitución de la República, ya que en su artículo 21 prohíbe que las leyes sean retroactivas si no son declaradas de orden público. Esta declaratoria no se dio en el decreto.
“En el presente caso se han iniciado los respectivos análisis en esta misma fecha, esto es el primer día hábil del plazo que el constituyente habilita al Presidente (…), advirtiendo que, siendo que este día es 4 de mayo, el decreto legislativo 635 no puede ser sancionado en términos válidos pues de hacerlo se contraría la Constitución”, argumenta en el documento enviado a la Asamblea.
El plazo para la declaración de impuestos venció el 30 de abril, día en que la Asamblea Legislativa aprobó, con 79 votos, la prórroga hasta el 30 de junio, con un cambio: agregó la contribución especial de grandes contribuyentes para la seguridad pública.
La propuesta del Gobierno, enviada a la Asamblea, excluía del beneficio de la prórroga a las empresas autorizadas para funcionar durante la emergencia. El viceministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, aseguró, el día de la aprobación, que la eliminación de esta exclusión implicaba la caída de $68 millones de ingresos al fisco.