El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor abrió procesos contra 18 proveedores por alzas de precios y obstaculizar investigaciones.

La Defensoría señaló que los imputados corresponden a los sectores de fertilizantes, insumos agrícolas e insecticidas, así como dos supermercados.

El presidente de la Defensoría, Ricardo Salazar, dijo ayer en un medio estatal que hasta ese día se habían presentado 39 denuncias ante el Tribunal, siendo administradas solo 10.

Hasta la fecha, la institución ya aborda 18 casos que se suman a otros 10 que ya habían sido admitidos por el Tribunal contra un supermercado, tres proveedores de productos lácteos y seis de fertilizantes, insumos agrícolas e insecticidas.


“De acuerdo con las denuncias, dichos proveedores pretendieron evadir obligaciones legales al no remitir la información requerida, o remitirla de forma incompleta o extemporánea”, expuso la Defensoría en un comunicado.

Dentro de los denunciados ante el Tribunal Sancionador se encuentra Calleja S.A. de C.V., operadora Del Sur S.A. de C.V., Distribuidora Zablah S.A. de C.V., Agroservicio Migueleño S.A. de C.V., Zagrofer Group S.A. de C.V., Centro Ferretero AyM S.A. de C.V., Inversume S.A. de C.V., Serpas Campos S.A. de C.V., y a la institución Zamora Group S.A. de C.V.

Los casos denunciados por el presidente de la Defensoría también se encuentran las personas naturales, Samuel Adalberto Portillo, Zenia Raquel Gallo Hernández, Luis Enrique Chávez Mora, Walter Alexander Benavides Hernández, Oscar René Cabrera, Martha Elizabeth Rubio Granados y Floresmindo Jovel Lara.

El documento señala que en el caso de los supermercados, Calleja S.A. de C.V., propietario de Súper Selectos, se encontró, a través de una auditoría, el incremento injustificado de precios en aceite de maíz, aceite vegetal, leche entera en polvo, y harina de maíz.

Y en el caso de la distribuidora Del Sur S.A. de C.V., propietario de supermercados Walmart, Despensa de Don Juan, Maxidespensa y Despensa Familiar, se descubrió alzas en el precio de la carne de pollo, huevos, aceites de canola y vegetal, leche en polvo y tomate de cocina.

La institución aseguró que al no poder justificar el alza de precios se exponen a ser multados con 500 salarios mínimos. A los proveedores se les solicitó toda la información relacionada con la importación de productos, inventario, compras y ventas, hasta la comercialización de los inventarios.

“La Defensoría del Consumidor reitera que no permitirá la vulneración de derechos de los salvadoreños, persiguiendo los abusos sin perjuicio de las acciones penales que derive la investigación”, puntualiza la institución.

A la fecha, la institución ha realizado 31,000 inspecciones dentro de la cadena de distribución, que va desde la importación hasta el consumidor final. Asimismo, se han concretado 150 requerimientos de información tanto a importadores de granos básicos como a compradores de fertilizantes e insumos agrícolas.