El Proyecto para la mejora de la atención de salud en El Salvador (Promas) se ejecutará durante cinco años, cuyo financiamiento se destinará a fortalecer el sistema de salud a través de mejoras en la infraestructura y equipamiento.
Además, contempla la expansión de servicios de atención personalizada y el desarrollo de un modelo de redes de salud del sector público.
Carine Clert, gerente de país para El Salvador y Costa Rica del Banco Mundial, dijo que el proyecto representa una “oportunidad única” para transformar el sistema público, el cual se desarrollará junto al Ministerio de Salud bajo la Alianza para la Atención Primaria de Salud, donde participan también el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización Panamericana de Salud (OPS).
De acuerdo con el Banco Mundial, la operación crediticia fortalecerá la capacidad de operación del Ministerio de Salud con inversiones en áreas clave, como la transformación digital del sistema de salud y la gestión de la cadena de suministro. Asimismo, incorpora un componente de capacitación de los empleos para mejorar sus habilidades y conocimientos.
“Nuestro compromiso es seguir construyendo un sistema de salud más accesible y eficiente para todos los salvadoreños”, sostuvo Francisco Alabí, ministro de Salud.
La operación, que debe pasar a aprobación de la Asamblea Legislativa, incluye un Componente Contingente de Respuestas a Emergencias (CERC), un instrumento del Banco Mundial que permite desembolsos rápidos en emergencias.
Este mecanismo garantiza que el gobierno tenga acceso inmediato a recursos en casos de desastres o emergencias, ya que, recordó el multilateral, El Salvador es un país vulnerable a fenómenos naturales y al cambio climático.
El préstamo tiene un vencimiento de 25 años e incluye un período de gracia de 4.5 años.
El Banco Mundial es uno de los principales financistas del gobierno salvadoreño a través de proyectos en educación, salud e infraestructura. Es parte de la alianza con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para desembolsar un paquete de $3,500 millones durante la ejecución del programa de $1,400 millones para ordenar las finanzas públicas.