La deuda estatal con el ahorro de los cotizantes de las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) llegó a $10,012.16 millones en abril de 2024, según la nueva actualización publicada el 1 de junio pasado por el Banco Central de Reserva (BCR).
Un total de $1,615.88 millones de la deuda de pensiones fueron emitidos durante el último año por el nuevo Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) en Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), bajo la nueva Ley Integral del Sistema de Pensiones aprobada en 2022 y vigente desde 2023.
La nueva normativa permitió que el Estado, a través del ISP, siga emitiendo instrumentos financieros para que sean adquiridos por las AFP con los fondos de sus cotizantes a cambio de una tasa de interés o rentabilidad y con el fin de que el Estado enfrente obligaciones como el pago de pensiones del sistema público.
Sin embargo, la mayor parte del saldo de la deuda de pensiones, un total de $8,396.28 millones, corresponde a Certificados de Inversión Previsionales (CIP), deuda adquirida desde años anteriores a la reforma de 2022. La derogada Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (Ley SAP) también permitía que el Estado pudiera acceder al fondo de pensiones pero a través del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) y con la emisión de CIP.
Con la reforma, los CIP se convirtieron en Certificados de Financiamiento de Transición (CFT) con nuevas condiciones como un periodo de gracia de cuatro años y una tasa de interés del 7 % anual. Debido a este periodo de gracia, el Estado no amortizará capital e intereses por dicha deuda y por ello el saldo se mantiene en $8,396 millones desde abril de 2023.
La reforma de 2022 delegó la facultad de emisión de nuevos certificados al ISP, una entidad que también asumió las funciones y la infraestructura del ya disuelto Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP). Estos certificados son los COP.
La Superintendencia del Sistema Financiero dejó de publicar el boletín estadístico previsional que hasta abril de 2023 registraba una cartera de inversiones de $13,340.7 millones de los ahorros de las pensiones en las AFP (Fondos de Pensiones), de los cuales se registraban $10,426.6 millones en instrumentos de instituciones públicas.
La calificadora de riesgos Fitch indicó que la capacidad de los inversores nacionales, incluidos los fondos de pensiones y los bancos, para absorber la deuda pública "han disminuido en los últimos años", aunque considera que el gobierno podrá continuar financiando su presupuesto en el mercado local. Esta calificadora consideró el canje de la deuda de pensiones "un incumplimiento".
Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicado el pasado 23 de mayo considera a El Salvador como uno de los países con más desafíos estructurales en su sistema de pensiones y reporta que durante la pandemia 79,990 trabajadores salvadoreños dejaron de cotizar al sistema de pensiones entre marzo y junio de 2020.
