El documento actualiza estudios previos sobre los costos directos del crimen en 22 países de América Latina y el Caribe, que ascendieron a 3.4 % del PIB regional en 2022. La estimación parte de la pérdida de capital humano por homicidios, los gastos en seguridad por parte de las empresas y el gasto público en prevención del delito.
Según la investigación, publicada en noviembre pasado, el costo del crimen en El Salvador se redujo en 2.45 puntos porcentuales del PIB en ocho años al pasar de 6.37 % calculado en 2014 -cuando era el segundo país con el valor más alto de América Latina después de Honduras- a 3.92 % en 2022.
“En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, el costo por homicidios se redujo entre 2014 y 2022. El Salvador y Honduras fueron los países con la mayor reducción en este periodo, pasando de 1.5 % a 0.18 %, y de 1.63 % a 0.86 % del PIB, respectivamente”, indica el informe del BID.
En marzo de 2022 se comenzó a implementar el régimen de excepción, prorrogado por 32 veces y que hasta noviembre sumaba más de 83,100 detenidos. Esta norma, que pasa por aprobación de la Asamblea Legislativa, suspende tres derechos constitucionales relacionados a las garantías de defensa, período máximo de detención y privacidad de telecomunicaciones.
¿En qué se gasta?
La investigación del BID puntualiza que el costo público es de 1.5 puntos porcentuales del PIB salvadoreño. En esta categoría se incluye cuánto destina el gobierno en servicios policiales, administración de justicia y sistemas penitenciarios.“En El Salvador, la presencia de pandillas ha afectado los ingresos fiscales municipales, incrementando la dependencia de transferencias del gobierno central y reduciendo la inversión pública”, añadió el estudio del multilateral.
Además, el costo privado es de 1.5 % del PIB, es decir, la oportunidad perdida por los gastos de prevención del crimen, mientras que el costo de capital humano representa 0.62 puntos porcentuales del PIB salvadoreño.
La pérdida de capital humano se basa en los costos del tiempo productivo perdido como resultado de crímenes no letales, homicidios y encarcelamientos. Según el BID, El Salvador tiene el mayor nivel de costo de los privados de libertad de la región, de 0.62 %.
El BID señala que el costo del crimen y la violencia en América Latina y el Caribe no experimentó “cambios significativos” respecto la anterior actualización, publicada en 2017. El crimen es una carga para la sociedad y el desarrollo económico, afirmó Ilan Goldfajn, presidente del BID. “Limita el crecimiento, genera desigualdad y desvía la inversión privada y pública”, cita un comunicado del BID a Goldfajn.
