Con 83,100 personas capturadas, la Asamblea Legislativa aprobó este martes la prórroga 32 del régimen de excepción para mantener suspendidos tres derechos constitucionales regulados en los incisos segundos de los artículos 12 y 13, y el artículo 24 de la Constitución, relacionados a las garantías de defensa, periodo máximo de detención y privacidad de las telecomunicaciones.

La prórroga fue aprobada con 57 votos a favor. Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra; y los dos diputados de Arena se abstuvieron.

El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, sostuvo la suspensión de estos tres derechos constitucionales "son las que resultan ser las necesarias para continuar las actividades operativas de seguridad", según la solicitud de prórroga del secretario jurídico de la Presidencia, Adolfo Muñoz, dirigida a la Asamblea Legislativa.

Agregó que siguen "realizando un monitoreo constante en las redes sociales u otros medios que ha evidenciado que las herramientas tecnológicas están sido utilizadas para transmitir mensajes entre los sujetos pertenecientes a estos grupos" de pandillas, por lo que consideran "indispensable seguir avanzando en las labores estratégicas de inteligencia" y operativos como cercos de seguridad.

A las 4:40 de la tarde, el diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, pidió introducir en agenda legislativa la solicitud de prórroga y aprobarla con dispensa de trámites, que fue aprobada con 55 votos de Nuevas Ideas y sus aliados. El diputado Walter Coto, de Nuevas Ideas, pidió agregar su voto para la dispensa, sumando 56.

El diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas, sostuvo que durante la gestión de Nayib Bukele cuentan 747 días sin homicidios y que octubre de 2024 cerró con 27 días sin homicidios. "Noviembre ya acumula cuatro días sin homicidios, hasta el 4 de octubre", aseveró. El gobierno no contabiliza como homicidios los cometidos contra supuestos pandilleros.

Ahí están las capturas, ahí están los remanentes que todavía se siguen combatiendo en las comunidades. Nosotros seguiremos dando las herramientas para continuar saboreando la paz y no daremos ni un paso atrás. Caleb Navarro (Nuevas Ideas).


El gobierno sostuvo que "dichos grupos criminales persisten en la pretensión de reagruparse con la reunión de los remanentes de sus miembros, el reclutamiento de menores, la utilización de mujeres, diferentes formas para el ocultamiento de tatuajes característicos de estas estructuras, así como la reconfiguración de perfiles para obstruir su identificación como miembros de esos grupos". Argumentó que, de no "erradicarse por completo" la existencia de "grupos terroristas", habrá "un retroceso a los logros obtenidos".

"Las medidas extraordinarias decretadas han tenido un exitoso resultado que ha supuesto la reducción del número de homicidios y la captura de más de 83,100 terroristas, ciertamente es necesario prolongar dicho régimen de excepción en lo referente a las medidas extraordinarias". Ministerio de Seguridad citado en solicitud de prórroga.

"La bala aún la tengo alojada"

El diputado Benjamín Zavaleta, de Nuevas Ideas, relató que él fue víctima de las pandillas. "Ya no podíamos ir a estudiar porque vivíamos en una comunidad contraria adonde se encontraba el centro de educación. Hace 10 años recibí un impacto de bala a la altura del tórax y la bala aún la tengo alojada a la par del pulmón derecho", contó en el pleno.

"No podíamos ir a visitar a nuestros familiares. Hubo una vez que hasta me quitaron la ropa para ver si no andaba tatuado y eso pasaba en las comunidades pero gracias al régimen de excepción se ha erradicado ese problema de raíz", agregó el legislador.

El régimen de excepción, que fue aprobado el 27 de marzo de 2022, cumple este martes 955 días de vigencia en El Salvador. Organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales como Cristosal, Socorro Jurídico Humanitario y Amnistía Internacional han denunciado capturas arbitrarias contra personas inocentes, muertes de detenidos y prácticas de torturas durante su implementación, y violaciones a otros derechos que no están suspendidos por el decreto prorrogado.