Sin precisar sobre las variables en las que se fundamenta la estimación, Zelaya señaló que el costo de la violencia representa entre el 16 % y 20 % del Producto Interno Bruto (PIB, producción de bienes y servicios).
“Si nosotros recuperamos de esos $6,000 millones y si los pudiéramos introducir a nuestra economía formal, con solo que recuperáramos el impuesto sobre la renta de esos $6,000 millones, tendríamos alrededor de $1,800 millones”, señaló en una entrevista de Canal 21.
Ya en anteriores ocasiones se han publicado estudios sobre el impacto de la violencia en El Salvador, una de esas investigaciones fue presentada en 2016 por el Banco Central de Reserva (BCR), que reveló un costo de la criminalidad rondó el 16 % del PIB de 2014 (año sobre el que se hizo las estimaciones), más de $4,000 millones en ese momento.
Esa suma se calculó sobre el pago de extorsiones y robo a personas y viviendas, el costo de oportunidad por la producción e inversiones no ejecutadas, gastos médicos por atender a los lesionados en actos de violencia, asignaciones presupuestarias para las carteras de seguridad, y contratación de agentes privados para evitar ser víctimas.
El titular hacendario defendió la aprobación de una segunda prórroga al régimen de excepción que la administración de Nayib Bukele aplica desde el domingo 27 de marzo tras un alza de homicidios que cobró la vida de 87 salvadoreños.
A la fecha, según las autoridades, más de 35,000 personas han sido detenidas durante el régimen, que permite al Estado realizar detenciones sin aplicar derechos de defensa, extralimitar el plazo de detención de 72 horas a 15 días, intervenir telecomunicaciones sin orden judicial y restringir reuniones.
Defendió además que la Asamblea Legislativa aprobara la incorporación de $14 millones al presupuesto de la Fiscalía General de la República (FGR), dentro de los cuales se asignaron $10.9 millones para el Centro de Intervención de las Telecomunicaciones, una decisión cuestionada por los partidos de oposición que señalan posible espionaje.
“Darle municiones, darles implementos, a nuestros policías y a nuestros soldados para que combatan la criminalidad es sumamente rentable para la economía de nuestro país”, señaló el funcionario.
Financiamiento.
Zelaya defendió que tanto el refuerzo a la FGR como las medidas para contener la inflación en la economía salvadoreña se financian con el aumento en la recaudación tributaria que hasta abril pasado creció 18.2 % frente a las estimaciones presupuestarias.Junto a la extensión del régimen de excepción, la Asamblea Legislativa aprobó que la fijación de los precios de los combustibles se mantenga hasta el 31 de agosto de 2022, al igual que la suspensión temporal de impuestos.
“Vamos a invertir alrededor de $20 millones mensuales”, dijo Zelaya, quien reiteró que las medidas son “para que en unos meses no nos cueste el triple y que se disparen los precios”.
Cronología de la aprobación del régimen de excepción
El Gobierno de Nayib Bukele aplica el régimen de excepción desde el 27 de marzo tras un incremento en homicidios. En dos ocasiones se han aprobado prórrogas, la última cierra el 24 de junio.- Marzo 27 de 2022
- Abril 25 de 2022
- Mayo 25 de 2022
Hacienda negó que tomarían los fondos de pensiones.
Zelaya niega que tomarían fondos de pensiones para pagar deuda
El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, se comprometió ayer a que el Gobierno no tomará los fondos de pensiones para obtener recursos que le permitan pagar sus compromisos de deuda.
“En absoluto, no se está pensando en eso. Estamos pensando en combatir a los evasores”, señaló.
A inicios de mayo, la calificadora de riesgo Moody’s Investors Rating señaló que una manera para que el Gobierno salvadoreño tenga liquidez para pagar el vencimiento de los $800 millones de bonos que se vencen en enero de 2023 es a través de los fondos de pensiones.
El Gobierno prepara desde noviembre del 2021 una reforma al sistema de pensiones que, según declaraciones anteriores de Zelaya, ya está en manos del presidente Bukele.