La agencia calificadora de riesgo Moody’s espera que el Gobierno salvadoreño presente este año un plan más claro sobre cómo resolverá las deficiencias del sistema de pensiones, uno de los principales desafíos fiscales de mediano y largo plazo para el país.

La administración de Nayib Bukele se comprometió a presentar en febrero pasado una reforma previsional como parte del programa por $1,400 millones acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, la propuesta no fue publicada y, tras cuatro meses de retraso, el tema sigue sin una explicación pública y se mantiene como uno de los principales puntos pendientes en las negociaciones con el organismo.

Jaime Reusche, vicepresidente de crédito soberano de Moody’s, señaló que para mejorar la calificación de riesgo de la deuda salvadoreña, actualmente en B3, el Gobierno debe mantener la trayectoria de consolidación fiscal y mostrar avances concretos en la sostenibilidad del sistema previsional.

“El tema previsional, esperamos que entre este mes y finales de año haya un plan más explícito por parte del Gobierno de cómo se va a resolver el sistema previsional o, por lo menos, cuáles son los pasos iniciales que se van a dar para reformarlo”, sostuvo.

Pese al retraso en la reforma, el analista consideró que los mercados no han mostrado una reacción negativa porque las negociaciones con el FMI suelen ser complejas y el sistema de pensiones salvadoreño tiene características particulares.

“Es un sistema bastante complejo, con características muy particulares, donde hay altos niveles de informalidad, hay poca densidad de contribuciones y hay poco volumen de contribuciones”, indicó.

El actual modelo de pensiones, basado en cuentas de capitalización individual desde 1998, arrastra compromisos heredados del antiguo sistema público y ha incrementado las obligaciones estatales a través de la deuda adquirida con los fondos de pensiones para financiar dichas responsabilidades.

Según el Banco Central de Reserva (BCR), la deuda vinculada al sistema previsional alcanzó los $11,520.42 millones en abril, un aumento de $1,074.1 millones respecto al mismo mes de 2025. Estos compromisos equivalen a cerca del 30 % del producto interno bruto (PIB).

Además, las finanzas públicas enfrentarán mayores presiones cuando finalice, en 2027, el período de gracia para el pago de la deuda previsional derivada del canje realizado en 2023.

Reforma por fases

El analista de Moody’s consideró que garantizar la sostenibilidad del sistema previsional es un reto importante y sostuvo que ninguna reforma, por sí sola, puede resolver todos los problemas estructurales de las pensiones.

Desde nuestro punto de vista, no hay una sola reforma que te resuelva todos los problemas previsionales. Eso sería imposible”, afirmó.

“Siempre es un menú de opciones donde uno tiene que hacer un ajuste de tuercas continuo”, añadió.

Para Reusche, este es uno de los puntos más sensibles en las conversaciones entre el Gobierno y el FMI. Mientras el organismo multilateral probablemente busque medidas de ajuste más profundas y rápidas, el Ejecutivo parecería inclinarse por una implementación gradual.

“Yo creo que hay voluntad de ambas partes. El tema es cómo quiere el Gobierno resolver este tema previsional, si lo quiere hacer de manera gradual”, sostuvo.

El analista señaló que los inversionistas no necesariamente esperan una reforma inmediata, pero sí una hoja de ruta que permita reducir la incertidumbre sobre las obligaciones futuras del sistema. En ese sentido, sostuvo que mantener la disciplina fiscal, reducir la carga de la deuda pública y avanzar hacia una mayor sostenibilidad previsional serán factores determinantes para una eventual mejora en la calificación crediticia del país.