Juan Orlando Hernández se convirtió el viernes en el primer presidente centroamericano, democráticamente electo, en ser declarado culpable de narcotráfico y tráfico de armas por un tribunal federal estadounidense, un juicio histórico que refleja los alcances del crimen organizado en el país vecino.

Y aunque su condena será anunciada hasta el 26 de junio, los expertos advierten que Hernández podría recibir cadena perpetua.

Buena parte de la docena de testigos que presentó la fiscalía pusieron en evidencia la corrupción y los estrechos vínculos entre política y narcotráfico. El juicio reveló las complejas relaciones entre el crimen organizado, los cárteles de la droga y el gobierno hondureño, pero también las relaciones de los narcotraficantes con políticos de todo el espectro político, incluyendo a un cuñado de la presidenta Xiomara Castro, por lo que este juicio podría ser la punta del iceberg para el procesamiento de otros políticos hondureños.

Según la fiscalía, el expresidente creó un narcoestado durante su presidencia (2014-2022) y convirtió a su país en una "superautopista" por donde pasaba buena parte de la droga procedente de Colombia con destino a Estados Unidos. La red a la que protegió habría enviado más de 500 toneladas de cocaína a ese país. A cambio, Hernández habría recibido millones de dólares de los cárteles de la droga, entre ellos el de Sinaloa, del narcotraficante mexicano Joaquín "Chapo" Guzmán -condenado a cadena perpetua en Estados Unidos-.

Simplemente alarmante y vergonzoso para Honduras y los hondureños. La condena abre una reflexión profunda de cómo los narcos son capaces de corromper toda la vida de un país y destruir su institucionalidad. También es vergonzoso que el estado hondureño no haya podido documentar y procesar a Hernández y al resto de políticos mencionados.