La condena contra el expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, a 45 años de prisión por cargos de narcotráfico y uso de armas es una vergonzosa prueba de que el crimen organizado se apoderó de Honduras a todos los niveles y convirtió a ese país en un narcoestado.

Hernández, que gobernó casi de manera absoluta su país entre 2014 y 2022, controlando todos los poderes del Estado a su favor, pactó con criminales narcotraficantes, recibió millones de dólares de capos de la droga mientras fingía combatirlos y hasta recibía elogios de funcionarios estadounidenses de alto nivel, incluyendo hasta el expresidente Donald Trump.

El juez que lo condenó, Kevin Castel, dijo que Hernández frustró los esfuerzos por detener a los narcotraficantes, y "usó habilidades de actuación".

"La sentencia en este caso es un mensaje a los narcotraficantes elegantes. El jurado vio a través de él a un político de dos caras", dijo Castel.

Desde el ascenso a la cima del poder de Juan Orlando Hernández, Honduras se convirtió, según la justicia estadounidense, en santuario de capos y zona de tránsito segura para la droga: un "narco-Estado" que, advierten expertos, llevará mucho tiempo desmantelar.

Según la fiscalía estadounidense, el exmandatariode 55 años recibió millones de dólares de los cárteles, entre ellos el de Sinaloa, del mexicano Joaquín "Chapo" Guzmán.

Jerarcas policiales, militares, diputados, jueces, empresarios, alcaldes y políticos de distintos colores, hasta llegar al presidente, fueron vinculados en Honduras con redes del narcotráfico. Eso es algo muy difícil de desmantelar, evidentemente. La corrupción en Honduras es generalizada, incluso en el gobierno actual, y casi todos los partidos están manchados por el narcotráfico.

Este es un terrible precedente para Honduras y para toda Centroamérica. Lo que queda claro es que Estados Unidos no se va a detener a detener a narcotraficantes de cualquier nivel. Pero también queda claro que la clase política está manchada por el crimen organizado en la región, como lo hemos visto en Honduras y Guatemala y eso es algo que no puede ser tolerado.