Hace meses que los salvadoreños vienen quejándose de los incrementos en la canasta básica. Las cifras del Banco Central de Reserva señalan que en junio hubo un repunte de la inflación y han reconocido fuertes incrementos en verduras y hortalizas.

Es una realidad en supermercados y mercados se pagan precios impensables por una libra de papa o de tomate, por un repollo o por un manojo de cilantro. Una encuesta de la Universidad Francisco Gavidia revelaba el lunes que el 90% de los salvadoreños percibe un incremento en el costo de la vida.

El gobierno ha denunciado los abusos de comerciantes en los precios y el presidente Bukele ha advertido que habrá problemas si no se detienen esos abusos.

La Defensoría del Consumidor anunció investigaciones contra unos 120 proveedores de alimentos y a seis cadenas de supermercados por los incrementos de hasta un 40 % en el precios de los productos.

Sin duda, la población está sufriendo por esta ola de incrementos de precios, la dependencia excesiva de las importaciones de alimentos, las afectaciones de los cultivos en los países vecinos y sobre todo el papel de intermediarios que inflan los alimentos con una especulación irresponsable son en parte las causas de esta problemática.

Ciertamente el gobierno debe usar los instrumentos legales para regular el mercado, con la fineza y el cuidado de evitar controles de precios que puedan generar escasez. Es importante castigar a los especuladores pero no satanizar a un sector que comerciantes legítimos que también son víctimas de los intermediarios.

Lo importante es encontrar un equilibrio que beneficie a la población y que proteja el bolsillo de las grandes mayorías de salvadoreños.