Esta es una obligación que la Asamblea se impuso a sí misma, al incluir en la Ley de la Corte de Cuentas, la realización de dicho examen sobre “la situación patrimonial, financiera y de sus actividades operacionales o de gestión” de dicho ente contralor.
La auditoría pues, aunque deviene de una obligación legal, no deja de ser un sinsentido, pues ya el titular de la Corte de Cuentas rinde un informe anual a la misma Asamblea, que luego debe auditarle a tan alto costo, privando de esos mismos fondos a otras dependencias del Estado o permitiendo al menos un ahorro dentro del parlamento.
La auditoría, si se hace bien, debiera resaltar lo que ya es evidente: una Corte de Cuentas que sigue sin ejercer a plenitud el mandato constitucional que se le ha encomendado. Si se eligieran a los titulares idóneos, capaces de ejercer con profesionalismo y de forma inquisitiva, la delicada misión de auditar las cuentas oficiales a cargo de funcionarios y empleados públicos, no se pagaría este alto precio: en dinero, en impunidad y falta de transparencia.