La Conferencia Episcopal de Guatemala se pronunció, este lunes, sobre la crisis sociopolítica que vive dicho país, y la cual ha generado desde hace ocho días múltiples protestas, cierres, y el bloqueo de carreteras y aduanas.

La Iglesia a través de un comunicado le pidió de manera rotunda al presidente, Alejandro Giammattei, que “cumpla con sus responsabilidades que el pueblo le ha confiado” y que destituya de su cargo a la fiscal general, Consuelo Porras, así como el jefe de la fiscalía contra la impunidad, Rafael Curruchiche, y del juez Fredy Orellana, quienes son acusados por la población guatemalteca de interferir en el proceso electoral realizado el pasado mes de agosto, en donde fue elegido como presidente electo, Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla.

“El secuestro de las actas del proceso electoral estuvo amparado por la decisión de un juez y dicha acción se percibió como contraria a la ley que otorga supremacía al Tribunal Supremo Electoral en materia electoral y como una violación del respeto debido al voto ciudadano libremente emitido. Fue percibido como un acto de prevaricación”, enfatizó la Iglesia.

En su comunicado también arremetieron contra las acciones que realizaron la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia, a quienes apuntan de no haber cumplido con el orden político del país. Además, señalan a estas instituciones de no haber “servido al bien común y por eso gran número de ciudadanos se ha levantado en protesta”.

De igual manera, también piden de forma directa a la fiscal Porras, que demuestre con sus acciones “otro modo de evidenciar sus responsabilidades ciudadanas”, y que por lo tanto, presente su renuncia al cargo público.

La Conferencia Episcopal destacó que es importante y necesario que las personas protesten por sus derechos y necesidades, pero enfatizó que es primordial que estas acciones las realicen desde el marco de la legalidad, “sin recurrir a la violencia ni a ejercer ningún tipo de presión que coarte la libertad que cada ciudadano guatemalteco tiene”.

“La manifestación para ser efectiva, debe producir algún tipo de restricción que suscite la reflexión y la decisión, pero no puede legalmente suprimir e impedir el derecho de los demás ciudadanos a moverse, a trabajar y servir”, remarcaron.

Por otra parte, la Iglesia también indicó que esperan que la visita del personal de la Organización de Estados americanos (OEA), “no sea una cortina de humo” y que no oculte otros intereses y problemáticas de la realidad guatemalteca.