Los gobiernos estatal y federal, la Iglesia católica y organizaciones de derechos humanos se han manifestado para rechazar el asesinato del religioso, que había recibido amenazas por su activismo.
Tras celebrar una misa y cuando se dirigía a su parroquia en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, "dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra su vehículo", dentro del cual quedó "el cuerpo sin vida del sacerdote", informó la fiscalía local en un comunicado.
La oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció que este es un crimen "absolutamente inaceptable" y pidió una investigación pronta, exhaustiva y eficaz".
El de Pérez, quien tenía 51 años, es uno de los crímenes de mayor impacto registrados en los 20 días de presidencia de la izquierdista Claudia Sheinbaum, quien no llegó a referirse al tema en un discurso público tres horas después de que se conoció la noticia.
"Se están haciendo las investigaciones (...) se está en contacto también con las autoridades eclesiales", dijo brevemente a preguntas periodistas tras el evento en Progreso, en el estado de Yucatán (sureste).
El gobierno de Chiapas, de donde era oriundo el sacerdote, y la fiscalía estatal también han abierto una indagatoria.
Amenazas
Según DDHH-ONU, el religioso originario de la etnia maya tzotzil recibió amenazas por su reconocido activismo y contaba con medidas de protección cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.El Consejo Episcopal Latinoamericano envió desde Bogotá una misiva donde manifiesta su "consternación y dolor por el asesinato del padre Marcelo", a quien describe como "un incansable buscador de la paz y la justicia en su pueblo".
"Este acto de violencia (...) no solo priva a la comunidad de un pastor dedicado, sino que también silencia una voz profética que incansablemente luchó por la paz con verdad y justicia en la región de Chiapas", expresó la Conferencia de Episcopado Mexicano.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, condenó el crimen en la red social X. "Nuestra solidaridad con la comunidad católica y el compromiso del gobierno (federal) que no habrá impunidad", escribió.
El Centro Miguel Agustín Pro Juárez, uno de los más activos defensores de los derechos humanos del país, también denunció que Pérez recibió "amenazas e intentos de criminalización" por su continua denuncia de la violencia.
El funeral del sacerdote se realizará en la parroquia de Guadalupe, donde estaba asignado.
La Compañía de Jesús, que también ha sufrido la pérdida de sacerdotes en medio de la violencia criminal, exigió que los crímenes contra religiosos no sean "minimizados como casos aislados".
Contra la violencia
En las distintas parroquias a las que fue asignado, Pérez coordinó movilizaciones de la comunidad, incluidas marchas contra venta de drogas en bares y cantinas.La violencia "ya no se aguanta", reclamó el pasado 13 de septiembre durante una peregrinación por la paz que se realizó en Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas.
En 2021 apoyó el levantamiento armado del grupo Autodefensas del Pueblo El Machete, en el municipio de Pantelhó, donde fungió como mediador entre el gobierno y el grupo armado.
Pero en julio de 2021 fue señalado de estar presuntamente relacionado con el secuestro de 21 hombres en esa comunidad, lo que el sacerdote negó.
En 2022, en medio de versiones no confirmadas de que sería detenido por orden de la fiscalía, numerosas organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional y como ACAT-France, denunciaron un intento de "criminalización" del sacerdote.
En medio de la violencia que golpea a México, distintos religiosos han sido víctimas de la violencia.
Según medios mexicanos, tras el asesinato de Pérez, al menos nueve religiosos han sido asesinados en los últimos cinco años.
Uno de los crímenes que desató condenas dentro y fuera de México fue el de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, ultimados dentro de su iglesia en el estado de Chihuahua (norte) el 20 de junio de 2022.
Desde diciembre de 2006, cuando se lanzó un polémico operativo militar antidrogas, suman más de 450.000 muertes violentas y decenas de miles de desapariciones en México, según cifras oficiales.