“La repuesta del gobierno y de grupos promotores de la impunidad y la corrupción no se hizo esperar, infiltraron entre los manifestantes a grupos que podrían pertenecer a las fuerzas de seguridad y a maleantes, quienes causaron destrozos y daños para deslegitimar las luchas sociales”, se lee en una parte del comunicado retomado por el medio Emisoras Unidas.
Ante este tipo de acusaciones, sobre infiltrados en las manifestaciones, GAM exige al Gobierno guatemalteco que identifique a cada uno de los “maleantes” y además, que se procesa a la captura de esos “infiltrados” para que sean presentados ante un juzgado.
“Esto hace que el Grupo de Apoyo Mutuo exija al gobierno actual: Que identifique a cada uno de los maleantes que portando máscaras para no ser identificados causaron destrozos en detrimento del sector empresarial que tuvo millonarias pérdidas”
“Que se produzcan las capturas de esos infiltrados para que sean presentados a los juzgados correspondientes”.
Comunicado.
Arévalo denunció infiltrados
El presidente electo, Bernardo Arévalo llamó “a todos los guatemaltecos y guatemaltecas, rechazar cualquier uso de violencia que se estén planteando en el marco de estas manifestaciones, rechazar a los infiltrados”. De igual manera, llamó a las fuerzas del orden para que actúen en privilegio de la negociación y el diálogo para tratar de resolver cualquier incidente.
Guatemala tiene más de nueve días entre bloqueos y manifestaciones, esto ha provocado desabastecimiento de insumos, alimentos y hasta combustible para aviones.
Por otro lado, el presidente, que tendrá que dejar el poder Ejecutivo el 14 de enero de 2024, Alejandro Giammattei, dijo ayer en cadena nacional que los bloqueos son “ilegales”, además, aseguró que había conseguido pruebas de un financiamiento de personas extranjeras para las protestas, sin precisar nombres, tras responsabilizar a Bernardo Arévalo ante la crisis.
El bloqueo y las masivas protestas ocurren, luego que el Ministerio Público allanará una de las sedes del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Ante dicho suceso, la población guatemalteca pidió la destitución de Consuelo Porras, fiscal general de la República. Sin embargo, Porras descartó en varias ocasiones que no renunciará pese a la presión popular.