El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, admitió el lunes ante la Corte de Distrito de Maryland que deportó por "un error administrativo" a un salvadoreño con estatus migratorio protegido, y que actualmente se encuentra recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador. No obstante, argumentó ante la Corte que los tribunales estadounidenses no tienen jurisdicción para ordenar su regreso.

Se trata de Kilmar Ábrego García, un residente legal en Maryland, esposo de una ciudadana estadounidense y padre de un menor con discapacidad, también ciudadano. Según documentos judiciales, Ábrego había recibido una resolución favorable de un juez de inmigración para evitar su deportación debido al riesgo de persecución en su país natal.

“Ábrego García no figuraba en el manifiesto inicial del vuelo del Título 8 para ser deportado a El Salvador”, declaró Robert Cerna, director interino de la oficina de campo del ICE, en referencia a la ley federal de inmigración.

“Más bien, era un suplente. Dado que otros fueron deportados del vuelo por diversas razones, él ascendió en la lista y fue asignado al vuelo. El manifiesto no indicaba que Ábrego García no debía ser deportado”, agregó en una declaración judicial.

“Por error administrativo, Abrego García fue deportado de Estados Unidos a El Salvador. Esto fue un descuido, y la deportación se llevó a cabo de buena fe, basándose en la existencia de una orden final de deportación y en su presunta pertenencia a la MS-13”, se lee en la declaración. El caso fue revelado por la revista estadounidense The Atlantic que cita los documentos judiciales.

Por su parte, el abogado del migrante, Simon Sandoval-Moshenberg, declaró a The Atlantic que nunca había visto un caso donde el gobierno estadounidense deportara a sabiendas a una persona con estatus protegido. En consecuencia, el equipo legal exige que la administración actual solicite su retorno inmediato, y de ser necesario, suspenda pagos al gobierno salvadoreño por servicios penitenciarios hasta lograr su liberación.

Pese a reconocer el error, el Departamento de Justicia estadounidense se opone a la repatriación. En el documento judicial, el asistente del fiscal general, Yaakov M. Roth, sostuvo que la corte carece de competencia para ordenar acciones de política exterior y que no hay evidencia de que Ábrego corra un riesgo inminente de ser torturado o asesinado en el Cecot.

“Más fundamental aún, esta Corte debe respetar la determinación del gobierno de que Ábrego García no tiene una probabilidad clara de ser torturado o asesinado en El Salvador”, sostuvo Roth.

Según sus abogados, Ábrego García llegó a Estados Unidos en 2011 con 16 años, huyendo de la violencia de pandillas. El gobierno argumentó que un informante lo vinculó con la MS-13, pero sus abogados insisten en que no tiene ninguna afiliación criminal y que no existe evidencia concreta para sustentar tal acusación.

A pesar de ello, fue detenido y posteriormente deportado, bajo el Título 8 y una orden final de remoción, sin que se validara su condición judicial de protección ante la deportación.

Este caso podría sentar un precedente preocupante sobre los límites de la protección judicial en contextos de deportación masiva. Para muchos activistas y juristas, se trata de una violación directa al debido proceso, más aún al considerar que la deportación ocurrió a pesar de una decisión judicial que lo impedía.

Hasta ahora, Ábrego García continúa detenido en el Cecot. Su esposa, quien lo identificó entre los deportados mediante una fotografía, clama por su liberación y retorno a Estados Unidos, donde el salvadoreño no posee antecedentes penales y estaba amparado legalmente.