Asimismo, Blinken volvió a poner de manifiesto que "el compromiso de Estados Unidos con la alianza entre ambos países sigue siendo férreo" y ha ensalzado "la naturaleza duradera de la alianza, que se basa en valores compartidos e intereses mutuos", según un comunicado del portavoz del Departamento, Matthew Miller.
En la misma línea, Washington evidenció su intención de trabajar de manera conjunta con Seúl "para lograr los objetivos compartidos de la Alianza, incluida la seguridad regional, la prosperidad y la promoción de los principios democráticos", siendo el objetivo último de esta "cooperación continua" "abordar (todos) los desafíos regionales y globales".
El pasado sábado, el Ejecutivo estadounidense aplaudía el ejercicio democrático exhibido por los diputados surcoreanos al aprobar la destitución del presidente del país y "reafirmó su compromiso con Corea del Sur después de que el Parlamento votara a favor de la destitución", asegurando que su "alianza sigue siendo férrea, como también lo es el apoyo del pueblo estadounidense".
La destitución todavía no implica el final del proceso porque la votación del Parlamento tiene que ser ratificada por el Tribunal Constitucional. Hasta entonces, el primer ministro del país, Han Duck Soo, que pasa a ocupar el cargo de presidente de forma temporal. Para que la medida reciba el aval constitucional debe contar con el voto a favor de seis magistrados, de un total de nueve, en el marco de las audiencias que se celebrarán públicamente.
La corte tiene 180 días para hacerlo y, según la Constitución surcoreana, deberá respaldar la medida para que esta se haga efectiva.
Posteriormente, deben convocarse elecciones anticipadas en un periodo de 60 días.
Yoon, que ha pedido perdón por lo ocurrido, sigue defendiendo su decisión, adoptada con el fin de "proteger" al país de "fuerzas contrarias al Estado".
No obstante, el texto de la moción aprobada el sábado incluye acusaciones en su contra por dar directrices a las fuerzas de seguridad para detener a diputados opositores durante las pocas horas en que estuvo vigente la ley marcial, una decisión por la que ya han tenido que disculparse varios altos cargos, entre ellos el exministro de Defensa y el propio presidente.