La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó la madrugada de este domingo la Ley de Regulación de los Estados de Excepción, una normativa que amplía las facultades del presidente Rodrigo Paz para decretar medidas extraordinarias en situaciones de crisis y que podría facilitar la participación de las Fuerzas Armadas en operativos para restablecer el orden público.
La iniciativa ya había recibido el respaldo del Senado y obtuvo la aprobación definitiva de los diputados tras una sesión de casi 14 horas. La votación alcanzó el apoyo de dos tercios de los legisladores presentes, por lo que el proyecto fue remitido al Ejecutivo para su promulgación.
La nueva legislación establece que cualquier estado de excepción deberá ser declarado mediante decreto supremo debidamente fundamentado, especificando su alcance territorial, duración, medidas extraordinarias autorizadas y las instituciones responsables de ejecutarlas.
Asimismo, la norma fija una vigencia máxima de 90 días para estas medidas especiales, aunque contempla la posibilidad de una extensión siempre que exista autorización expresa de la Asamblea Legislativa.
La aprobación ocurre en medio de una de las mayores crisis políticas que enfrenta el gobierno de Rodrigo Paz desde su llegada al poder. Desde hace más de cinco semanas, diversos sectores sociales mantienen bloqueos de carreteras y protestas en distintas regiones del país para exigir la renuncia del mandatario.
Las movilizaciones han provocado problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos, especialmente en La Paz y El Alto, donde la interrupción de las principales rutas ha afectado el transporte de mercancías y servicios esenciales.
Horas antes de la aprobación de la ley, Paz afirmó en sus redes sociales que comienzan a observarse avances para aliviar la situación. El gobernante destacó la llegada de más de un millón de litros de gasolina y 40,000 cilindros de gas a las zonas afectadas por los bloqueos.
“Aún queda mucho por hacer. Gracias al pueblo boliviano por la resistencia y la fortaleza en estos momentos difíciles. Seguiremos trabajando con firmeza hasta devolver tranquilidad a cada hogar y la estabilidad que Bolivia merece”, expresó el mandatario.
Posteriormente, el presidente publicó una fotografía histórica de la coalición Unidad Democrática y Popular (UDP), que asumió el poder tras el retorno de la democracia en 1982, una referencia interpretada por analistas como un mensaje político en medio de la actual crisis.
La situación ha despertado preocupación entre distintos sectores debido a que la nueva legislación podría abrir la puerta a medidas más severas para enfrentar los bloqueos y manifestaciones, incluyendo una mayor participación de las Fuerzas Armadas en tareas de control interno.
Según datos de la Defensoría del Pueblo, el conflicto ha dejado hasta ahora diez fallecidos, 37 personas heridas y más de un centenar de procesados. Siete de las muertes corresponden a personas que no lograron recibir atención médica oportuna debido a las interrupciones en las vías de comunicación.
Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de restablecer la circulación y garantizar el abastecimiento de productos básicos, los sectores movilizados mantienen la presión para que el presidente abandone el cargo, prolongando una crisis que mantiene en tensión a Bolivia.
