De las 26 ONG, 12 han sido cerradas por "no reportar sus estados financieros" y de esta manera tener de tres a doce años de "incumplimiento de sus obligaciones, conforme a las leyes que los regulan", según ha informado el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua.
Otras 10 ONG han pedido su disolución voluntaria por diferentes razones, entre las que se encuentra falta de ingresos, estar demasiado tiempo sin actividad o por no tener los objetivos que este tipo de organizaciones debe perseguir.
Además, tres ONG extranjeras han cerrado, una de Estados Unidos debido a que "el ente regulador desconoce quienes son sus directivos" y por "no reportar sus Estados Financieros", y las otras dos, de Estados Unidos y Panamá, han acordado su disolución "por haber concluido los proyectos por los cuales fue registrada la fundación en Nicaragua".
Esto ocurre tras la aplicación de una controvertida ley que limita la actividad de las ONG en Nicaragua y que ya ha servido como instrumento para el cierre de más de 3000 organizaciones en el país.
Este tipo de medidas han aumentado a raíz de las protestas opositoras de 2018 y del proceso electoral de 2020, cuando decenas de disidentes fueron encarcelados. En el pasado mes de marzo, un grupo de expertos de Naciones Unidas acusó a Ortega y a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, de perpetrar abusos equiparables a crímenes contra la humanidad.