Honduras se encamina a unas elecciones generales marcadas por el miedo, la violencia y la incertidumbre. La jornada electoral del próximo domingo estará precedida por atentados, amenazas e incluso homicidios de corte político, mientras el país se mantiene bajo un estado de excepción que afecta a 226 municipios.
El caso más impactante ocurrió a mediados de noviembre en la aldea La Cuesta, departamento de Santa Bárbara, donde Arnol Caled, un niño de cinco años, murió tras recibir un disparo en la cabeza cuando regresaba con su familia de una concentración del Partido Libertad y Refundación (Libre). En el mismo ataque resultó herida una adolescente de 14 años.
Arnol murió en brazos de su abuela dentro de un vehículo, presuntamente propiedad de una diputada, que transportaba a familiares y vecinos de regreso al caserío de Río Helado.
“Quería ser policía y me prometía construir una casa”, relató entre lágrimas su madre, Rosita Díaz, quien aún conserva las botas de hule que le compró para asistir al evento.
En su modesta vivienda de adobe, Díaz, ama de casa y recolectora de café, mostró los últimos recuerdos del pequeño: una bicicleta rota y un caballito amarillo. El niño estaba inscrito para comenzar en 2026 su primer año de preparatoria.
La tragedia de Arnol es un reflejo del ambiente de tensión y violencia que rodea las elecciones hondureñas. Desde diciembre de 2022, el país se encuentra bajo un estado de excepción que fue extendido el pasado 12 de noviembre por 45 días más, medida que, según autoridades, ha permitido reducir la criminalidad.
Sin embargo, diversas voces en la sociedad civil discrepan.
“Honduras se acerca a unas elecciones generales ensartada en un sombrero que ningún país que aspire a llamarse democrático debería tolerar”, denunció Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), al considerar que el estado de excepción se ha convertido en una “anestesia legal”.
En lo que va de 2025, al menos cuatro homicidios se han vinculado directamente con la violencia política. Entre ellos, dos candidatos a alcaldes del Partido Nacional, un alcalde del departamento de Intibucá, y un aspirante a diputado del partido gobernante Libre. Además, se reportan amenazas a líderes y activistas de los tres principales partidos.
También han sido blanco de amenazas dos consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) y dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), todos pertenecientes a la oposición. La decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Carmen Julia Fajardo, calificó la situación como “alarmante” y en ascenso.
Más de seis millones de hondureños están convocados a las urnas este domingo para elegir al sucesor de la presidenta Xiomara Castro, así como a tres designados presidenciales, 298 alcaldes, 128 diputados nacionales y 20 del Parlamento Centroamericano. La violencia, sin embargo, amenaza con opacar la legitimidad del proceso.
