El juez federal de distrito, Paula Xinis, ordenó este viernes al gobierno de Estados Unidos gestionar de forma inmediata el regreso de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño deportado por error a su país natal, donde fue recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en Tecoluca, informó la agencia de noticias Associated Press.

La Xinis, del Tribunal de Distrito de EE.UU. de Maryland, ordenó al Gobierno federal repatriar a Estados Unidos a García a más tardar a las 23:59 del lunes 7 de abril.

La magistrada calificó la deportación como “un acto ilegal” y cuestionó duramente la actuación del gobierno en una tensa audiencia judicial.

Ábrego García, de 29 años, vivía legalmente en Maryland y contaba con una resolución favorable desde 2019 que le otorgaba protección ante posibles persecuciones de pandillas en El Salvador. A pesar de ello, el mes pasado fue detenido por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y trasladado a un penal salvadoreño, lo cual contraviene directamente el fallo de un juez migratorio.

Durante la audiencia, el abogado del Departamento de Justicia, Erez Reuveni, reconoció que Ábrego “no debió haber sido deportado” y admitió no tener respuestas sobre quién autorizó su arresto o por qué fue enviado a ese penal.

“También estoy frustrado de no tener respuestas”, señaló Reuveni ante la insistencia de la jueza Xinis.

La defensa del salvadoreño, liderada por el abogado Simon Sandoval-Moshenberg, denunció que, aunque la Casa Blanca ha hecho pronunciamientos públicos sobre el caso, no ha habido “ningún paso concreto con el gobierno de El Salvador para enmendar el error”.

Sandoval-Moshenberg también negó que existan pruebas que vinculen a su cliente con pandillas, como afirma el gobierno estadounidense, que lo ha señalado de pertenecer a la MS-13. La acusación, explicó, se basa en la declaración de un informante confidencial de 2019, sin pruebas verificables.

Ábrego García había sido autorizado por el Departamento de Seguridad Nacional para trabajar en EE. UU. como aprendiz en una empresa metalúrgica, y estaba en proceso de obtener su licencia profesional.

“Será una victoria cuando Kilmar esté en casa con su familia”, expresó Sandoval-Moshenberg.

El propio Reuveni solicitó a la jueza 24 horas para intentar coordinar la repatriación sin una orden judicial directa, petición que fue recibida con escepticismo. “Los buenos clientes escuchan a sus abogados”, respondió la jueza.

Jennifer Vásquez Sura, ciudadana estadounidense y esposa de Ábrego García, no ha podido hablar con su esposo desde su deportación. El matrimonio tiene un hijo en común, además de los dos hijos de ella. Vásquez Sura participó en una manifestación en Maryland donde pidió justicia para su esposo y cientos de migrantes más. “Es un viaje que nadie debería sufrir, una pesadilla interminable”, afirmó.

“Si tuviera todo el dinero del mundo, lo gastaría en una sola cosa: una llamada para escuchar la voz de Kilmar otra vez”, agregó entre lágrimas.

“Kilmar, si me puedes oír, te extraño tanto, y estoy haciendo todo lo posible por ti y nuestros hijos”, agregó Jennifer.

Mientras la Casa Blanca asegura que su expulsión fue un “error administrativo”, la polémica crece por lo que organizaciones defensoras de derechos humanos califican como una señal de vulnerabilidad del sistema migratorio. La audiencia por su regreso continuará en los tribunales federales de Greenbelt, Maryland.