A través de un comunicado, la Corte informó que conoció una gestión presentada por el MP, en la cual denunció el bloqueo prolongado de su sede central, el edificio Gerona, en la zona 1, como producto de las manifestaciones que han realizado distintos sectores sociales e indígenas de Guatemala, para pedir la destitución de la fiscal general, Consuela Porras, y el titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchice.
Por lo tanto, la CC ordenó al Ministerio de Gobernación y al director de la Policía Nacional Civil, el resguardo de derechos tutelados en las resoluciones emitidas.
Ante los constantes bloqueos y tras analizar lo denunciado, la CC conmina lo siguiente:
Ejecutar las acciones y medidas pertinentes para restituir el orden público y habilitar el acceso pleno a las sedes del Ministerio Público, asegurando la integridad física de trabajadores y usuarios, lo que deberá realizar en un plazo que no exceda de 6 horas”.
Comunicado de la Corte de Constitucionalidad.
“A la Policía Nacional Civil, conforme la prevención contenida en el artículo 257 del Código Procesal Penal, proceder a la aprehensión de los implicados en la comisión de delitos flagrantes”.
“Al Ministerio de la Defensa Nacional, prestar el auxilio en caso de ser estrictamente necesario y por solicitud de las autoridades cuestionadas, brindando la cooperación por medio del ejército de Guatemala, dentro del marco de sus funciones”.
Asimismo, señala al Procurador de los Derechos Humanos, dar acompañamiento a las acciones ordenadas, velando por los derechos de los involucrados.
También, los magistrados de la CC expusieron ciertas disposiciones ante los incumplimientos de las resoluciones emitidas ahora y las anteriores, tomando en cuenta que el MP denunció que no se atendieron las órdenes dictadas por el tribunal en la sentencia dictada en el expediente 1322-2023.
“Por el incumplimiento del ministro de Gobernación que fungía en la fecha en que se emitieron la sentencia y el auto de debida ejecución, se le certifica lo conducente al Ministerio Público para lo que haya lugar”.
Por su parte, las autoridades conminaron al debido cumplimiento de este fallo con el apercibimiento al ministro de Gobernación o funcionario encargado del despacho y al director general de la PNC, que en caso de incumplir, serán separados ipso facto del cargo público, sin perjuicio de las demás responsabilidades que por su conducta omisa ocurrieren, conforme al artículo 78 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, finaliza el comunicado.
Autoridades Ancestrales de Guatemala a las afueras de una de las sedes del Ministerio Público donde exigen la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras y Rafael Curruchiche. / AFP.
Comunicado.
