"Desde 2023 el régimen ejecutó cuatro acciones de destierro" contra miembros de la Iglesia católica y "más de 50 religiosos (incluyendo a 43 sacerdotes) fueron desterrados y alrededor de 200 impedidos de ingresar al país", subrayó la ONG Colectivo Nicaragua Nunca Más, que trabaja desde el exilio en Costa Rica.
Ortega y su esposa, Rosario Murillo, acusan a la Iglesia de haber apoyado las protestas de 2018 que dejaron más de 300 muertos, según la ONU, y que ellos consideran un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
"Nunca el país había tenido tantos sacerdotes presos, religiosas y religiosos perseguidos y expulsados. Ni en tiempos de guerra", agregó.
Unos 450 políticos, empresarios, periodistas, intelectuales, activistas de derechos humanos y religiosos fueron expulsados de Nicaragua y despojados de su nacionalidad desde febrero de 2023, señalados de "traición a la patria".
A fines de septiembre, en la Asamblea General de la ONU, el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, pidió a la dictadura de Ortega que respete "la libertad de culto".
No obstante, "la sistemática persecución y comisión de crímenes de lesa humanidad que persiste en Nicaragua desde hace más de seis años no cesa", advirtió el Colectivo Nicaragua Nunca Más.
"Las iglesias en Nicaragua sufren en pleno siglo XXI la mayor persecución en la historia del país", agregó.
La oenegé calificó la "persecución" contra la Iglesia como "crímenes de lesa humanidad".
"Este patrón... de control y represión religiosa contra la fe católica y evangélica en Nicaragua demuestran la persecución, hostigamiento, asedio y graves violaciones a la libertad de conciencia y religión", indicó la ONG