La delegación, que vigila la elección a pedido del gobierno guatemalteco, también lamentó que varios jueces, fiscales y abogados sancionados por "corruptos" por Estados Unidos y la Unión Europea (UE) estén en la contienda por una magistratura.
"La misión espera que el resto de este proceso [...] se lleve a cabo sin coacción, tráfico de influencias" y "corrupción", dijo en rueda de prensa Rosa Celorio, integrante del comité de la OEA al presentar un informe preliminar.
Una comisión de académicos, jueces y delegados del gremio de abogados debe entregar el lunes al Congreso las nóminas de candidatos para que elija a los 13 nuevos miembros de la Corte Suprema para el periodo 2024-2029.
Entre los candidatos a corte de apelaciones resalta el fiscal Rafael Curruchiche, quien emprendió investigaciones contra el presidente Bernardo Arévalo y las elecciones del año pasado, que pusieron en riesgo la transición presidencial en enero.
Curruchiche y su jefa, la fiscal general, Consuelo Porras, están sancionados por Washington y el bloque europeo que los consideran "corruptos" y "antidemocráticos".
También siguen en contienda el fiscal Gilberto Porres, esposo de Porras, y los jueces Mynor Moto y Jimi Bremer, también considerados "corruptos" por la comunidad internacional.
"La misión lamenta que las comisiones no hayan excluido del proceso a aspirantes a magistraturas a jueces, abogados, fiscales y magistrados que han participado en actos de corrupción y criminalización contra personas defensoras de derechos humanos", señaló Celorio.
Añadió que en reuniones con otros grupos que siguen el proceso recibieron "información sobre influencias y actuaciones e injerencias...que pueden estar impactando" el trabajo de la comisión postuladora, aunque sin entrar en detalles.
"La misión cierra este informe haciendo un llamado urgente a las comisiones de postulación a priorizar la idoneidad, honorabilidad y capacidad de las candidaturas", detalló Celorio.
El martes, Arévalo llamó a elegir a los mejores aspirantes a los cargos de magistrados del poder judicial, que, según el mandatario, está capturado por "intereses corruptos".