La propuesta de ley, que se espera sea aprobada en breve por el Parlamento, completamente controlado por el oficialismo, establece que se podrá retirar la nacionalidad a aquellos que incurran en causales estipuladas en la Constitución.
Una reciente reforma constitucional, aprobada el viernes, estableció que los "traidores a la patria" perderán la nacionalidad nicaragüense. Aunque la ley anterior no contemplaba esta disposición, desde febrero de 2023, el gobierno ha despojado de su nacionalidad a unos 450 opositores políticos, empresarios, periodistas, intelectuales, activistas de derechos humanos y religiosos, quienes fueron posteriormente expulsados del país.
La nueva propuesta impone penas de entre dos y seis años de prisión para quienes ingresen o salgan ilegalmente de Nicaragua con el propósito de "menoscabar" la soberanía, "alterar el orden constitucional" o "conspirar e inducir a actos terroristas o de desestabilización económica y social".
La reforma también establece que aquellas personas que hayan cruzado el país por lugares no habilitados para migración podrán ser expulsadas si intentan reingresar a Nicaragua.
Este ajuste a la ley forma parte de un paquete de reformas impulsadas por el gobierno, que también incluye la reforma constitucional que se ratificará en la legislatura de enero, consolidando el poder absoluto de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, sobre el Estado nicaragüense.
El régimen de Ortega intensificó la represión desde las protestas opositoras de 2018, que según la ONU dejaron más de 300 muertos en tres meses, un evento que el gobierno de Managua considera un intento de golpe de Estado apoyado por Estados Unidos.