"Sigo declarándome inocente. Aquí o en Mariscal (cárcel militar) voy a enfrentar a estos jueces y fiscales corruptos", dijo Zamora al concluir una audiencia en un tribunal que decide si debe volver a prisión o permanecer en el arresto domiciliario en que está desde octubre pasado.
La audiencia fue suspendida por trámites legales pendientes y se deberá fijar otra fecha para resolver la decisión de una sala de apelaciones que el 15 de noviembre revocó el arresto domiciliario, lo que fue condenado por organismos de prensa internacionales y el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo.
La defensa de Zamora apeló esa revocatoria, lo que está pendiente de resolverse y por ello el periodista sigue en su vivienda, con prohibición de salida del país y obligación de presentarse cada semana en la fiscalía.
Zamora, de 68 años, estuvo preso en la cárcel del cuartel Mariscal Zavala, en el norte de Ciudad de Guatemala, desde el 29 de julio de 2022 hasta octubre pasado, en un proceso que organismos internacionales y varios gobiernos consideran un ataque contra la prensa. por parte del gobierno anterior.
El periodista fue arrestado tras publicar en su diario El Periódico casos de corrupción que salpicaban al entonces presidente derechista Alejandro Giammattei (2020-2024). Su medio cerró en 2023, mientras estaba en prisión.
Zamora aseguró que el Estado ha gastado enormes sumas en un proceso en su contra por supuesto lavado de dinero, que es un caso montado con multas de "persecución política", mientras que corruptos o narcotraficantes no son perseguidos por la fiscalía.
"Con gente civilizada, decente, correcta, inician cualquier persecución política con diferentes prácticas de arbitrariedades y de terrorismo de Estado, (...) sin embargo, son alcahuetas del narcotráfico", insistió.
"Seguiré, de alguna manera, con tranquilidad y serenidad, recibiendo las infamias de Fundaterror (Fundación contra el Terrorismo) y otros monigotes que no se cansan de tirar veneno e insultar; pero, eventualmente, me va a tocar a mí perseguirlos a ellos legalmente en su debido proceso”, puntualizó.
La ultraderechista Fundación contra el Terrorismo es querellante en el proceso contra Zamora que sigue la fiscalía, cuyos principales titulares están sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea por considerarlos "corruptos" y "antidemocráticos".