Jessica Barahona Martínez huyó de la persecución en El Salvador en 2016 y buscó asilo en Estados Unidos, solo para ser arrestada un año después por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en dicha nación.

El arresto la alejó de sus tres hijos durante seis años, a pesar de que le concedieron el asilo, según el testimonio que la compatriota compartió con NBC News and Sky News.
El arresto de Barahona Martínez se debió a que su nombre apareció en el sistema de Aviso Rojo de Interpol, un boletín policial internacional generalmente asociado con los fugitivos más buscados del mundo, incluidos aquellos acusados de delitos graves como asesinato, tráfico sexual y terrorismo.

De acuerdo con la publicación la prolongada lucha de Barahona por ser liberada, incluso después de que se eliminara su Aviso Rojo, ha puesto de relieve cómo las autoridades de inmigración estadounidenses pueden en ocasiones actuar como amplificadores del daño causado a las personas que las autoridades de Estados Unidos incluyen punitivamente en la lista internacional de “los más buscados”.

Eso provocó una lucha urgente por parte de defensores legales y algunos miembros del Congreso para reducir el número de Notificaciones Rojas de represalia.

Barahona-Martínez ahora espera que su caso “llegue a los ojos y oídos de quienes trabajan en inmigración”, dijo a NBC News y Sky News en su primera entrevista desde su liberación.

“Es muy doloroso ver, escuchar y sentir la injusticia que pasé y que muchos de nosotros los inmigrantes tenemos que pasar”.

Jessica Barahona Martínez


Sandra Grossman, abogada de Barahona Martínez, dijo que su firma ha “estado luchando contra notificaciones rojas falsas” como la que se presentó contra su cliente durante más de 15 años, pero el caso de Barahona Martínez es “uno de los ejemplos más atroces” que jamás haya visto.

Barahona Martínez huyó a Estados Unidos con sus hijos en 2016 para buscar asilo después de que la mujer abiertamente lesbiana enfrentara torturas y amenazas de muerte por parte de pandillas tras ser acusada de pertenecer a una pandilla rival y extorsionar menos de 30 dólares.

Ella atribuyó el cargo a un oficial de policía que le guardaba rencor por su orientación sexual y el hecho de que ella rechazó sus insinuaciones sexuales.

Barahona Martínez fue absuelta al año siguiente por falta de pruebas, según la ACLU y Grossman.