Este miércoles fueron hallados culpables de los delitos de asociación ilícita y de defraudación aduanera, la ex dupla presidencial guatemalteca de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, según recogen medios locales apostados en el Tribunal de Mayor Riesgo “B”, en la capital guatemalteca, donde fueron condenados a 16 años de prisión.

Durante la audiencia de sentencia Pérez Molina y Baldetti fueron absueltos del delito de enriquecimiento ilícito en el caso La Línea, ya que una de las juezas del caso señaló que el Ministerio Público no había logrado argumentar dicha acusación.

“No hay prueba del crecimiento patrimonial y que sustente el incremento”, aseguró la jueza Katty Sarceño.

El caso conocido como La Línea fue revelado por la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en abril del 2015 y provocó la renuncia y detención del exmandatario, solo unas semanas después de la caída de su compañera de fórmula, Roxana Baldetti.

Pérez guarda prisión desde septiembre del 2015 en la cárcel Mariscal Zavala.

El juicio llegó a su fin tras varios meses de escuchar audiencias en las que el Ministerio Público expuso más de cuatro mil medios de prueba y 562 documentos aduaneros contra los acusados, según recoge portal de noticias República.

Tras escuchar la resolución Otto Pérez Molina declaró a periodistas en el tribunal que “nunca nadie dice que yo haya dado una orden ilegal”, y reclamó que se le vincule en estos casos por “terceras personas” en “22 llamadas” investigadas por el Ministerio Público. "Me siento decepcionado y frustrado...”, dijo.

Las investigaciones sobre el caso La Línea iniciaron en mayo de 2014, cuando se centró el interés público sobre que un grupo de importadores estaba involucrado en acciones de contrabando, quienes tenían contacto con una red de tramitadores aduaneros para evadir el pago real de impuestos.

Para ello, la red proporcionaba a los importadores un número telefónico conocido como “la línea”, la cual a través del análisis e interpretación de la información recolectada en las interceptaciones telefónicas se estableció que parte de la estructura estaba integrada por funcionarios de la SAT.

En este caso fueron acusados 29 personas.