La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela aprobó este jueves, por unanimidad, una ley de amnistía dirigida a presos políticos condenados por hechos vinculados a episodios de crisis política ocurridos entre 2002 y 2025. La normativa excluye expresamente a quienes hayan promovido o participado en acciones armadas o de fuerza contra la población, la soberanía o la integridad territorial del país suramericano.
La legislación deja fuera de la amnistía los delitos relacionados con violaciones graves a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas y los contemplados en la ley contra la corrupción. Asimismo, excluye a personas procesadas o condenadas por “promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial” de Venezuela, con apoyo de “Estados, corporaciones o personas extranjeras”.
Los diputados acordaron conceder el beneficio por hechos o “faltas cometidas” en distintos momentos de tensión política, como el golpe de Estado contra el fallecido presidente Hugo Chávez en abril de 2002, el paro petrolero de finales de 2002 e inicios de 2003, así como las protestas antigubernamentales registradas en 2013, 2017 y 2024. Para supervisar la aplicación de la ley, se designó una comisión especial integrada por 23 diputados, entre oficialistas y opositores, que desarrollará mecanismos para asegurar su cumplimiento y podrá contar con asesoría de expertos.
En el artículo 7, que generó diferencias y llevó a posponer el debate la semana pasada, se establece que los beneficiarios deberán presentarse ante los tribunales para solicitar la amnistía. Aquellos que se encuentren fuera del país podrán realizar el trámite a través de un representante legal. Por su parte, el artículo 11 dispone que el tribunal competente verificará en cada caso el cumplimiento de las condiciones y podrá decretar la nulidad de los procesos en curso o revisar sentencias firmes mediante una “sentencia de reemplazo”, en un plazo que “no excederá de 15 días continuos”.
La ley también aclara que las personas favorecidas que cometan delitos después de la entrada en vigencia de la amnistía serán procesadas conforme a la legislación ordinaria.
La iniciativa se enmarca en el “nuevo momento político” anunciado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el Ejecutivo tras la captura del presidente Nicolás Maduro durante el ataque militar de EE.UU. el pasado 3 de enero. La ONG Foro Penal reporta 644 presos políticos en el país, luego de más de 400 excarcelaciones iniciadas el 8 de enero por el Gobierno encargado.
