Archivo DEM.
El encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Brendan O'Brien, manifestó su respaldo a la ley contra el tráfico ilegal de personas aprobada este jueves por la Asamblea Legislativa, que endurece las penas y agravantes contra traficantes de personas y organizadores de caravanas que huyen hacia Estados Unidos.
El diplimático estadounidense celebró la aprobación de esta ley, que a su criterio "protege a las personas vulnerables" a este delito y castiga a los cupables.
Hay júbilo cuando un país reconoce que sus ciudadanos no pueden ser usados como mercancía de tráfico. El paso que ha dado El Salvador protege a las personas vulnerables al tráfico ilegal de personas y castiga duramente a los traficantes que les ofrecen #UnViajeEnVano." Brendan O'Brien, embajador de EE.UU. en funciones.
La normativa, aprobada por 58 votos, aumenta las penas del delito de tráfico ilegal de personas a un rango de 8 a 12 años de prisión. En el Código Penal, el rango de cárcel impuesto por el delito estaba entre 6 y 10 años.
Hay júbilo cuando un país reconoce que sus ciudadanos no pueden ser usados como mercancía de tráfico. El paso que ha dado El Salvador protege a las personas vulnerables al tráfico ilegal de personas y castiga duramente a los traficantes que les ofrecen #UnViajeEnVano. https://t.co/zzV3C3w4sB— Brendan O'Brien (@USAmbSV) March 26, 2021
La ley fue presentada en diciembre pasado por la Fiscalía General de la República (FGR), y contó con el apoyo técnico de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Este día concretamos un objetivo histórico en el país. Luego de casi 2 años de trabajo, finalmente logramos que nuestra iniciativa se convierta en la Ley Especial contra el Tráfico Ilegal de Personas." Raúl Melara, Fiscal general de la República.
Violeta Olivares, jefa fiscal de la Unidad de Trata y Tráfico Ilegal de Personas de la FGR, indicó que la normativa crea el delito de la promoción del tráfico ilegal de personas, que está orientado a castigar a todas las personas que por tecnologías de información y comunicación promuevan la evasión de controles migratorios.
Esto significa que la organización de caravanas migrantes sería sancionado con prisión de 4 a 8 años de prisión; mientras que las personas que propongan este delito enfrentarán 3 a 6 años de prisión. Sus financistas, dirigentes o cabecillan tendrán penas entre 6 a 10 años de prisión.