Ante la urgencia de reactivar la actividad económica de El Salvador, a dos meses de estar paralizada, la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN) elaboró una propuesta para reiniciar las operaciones durante cuatro fases, en un período de 57 días.

La propuesta, creada a iniciativa de Ricardo Poma, rector de la ESEN, es un insumo para que el Gobierno y actores políticos y económicos tomen sobre la base técnica una decisión de reactivar la economía.

Dado que el país “tiene una especie de sentido de urgencia” de retomar la actividad productiva” por los estragos que ocasiona la recesión económica, la propuesta de la ESEN se encamina a preparar un proceso gradual en cuatro fases en las cuales la evaluación de las autoridades de Salud marcará el ritmo de avance.

Everardo Rivera, director general de la ESEN, explicó que la propuesta retoma la proyección de decrecimiento planteada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) de una contracción de hasta 5.4 %, donde el nivel de endeudamiento en un “escenario optimista” llegaría al 82.2 % del Producto Interno Bruto (PIB). En un panorama “más realista” la caída económica llegaría al -8 % con una deuda del 90 %.

El espacio de las finanzas públicas también se ve limitado por el aumento drástico del déficit fiscal, que rondaría en 12 % del PIB, mientras que la carga tributaria -principal fuente de financiamiento del Gobierno- podría reducirse en hasta $1,400 millones.

Ante esos escenarios, indicó Rivera, la ESEN propone una reapertura gradual con un enfoque simultáneo en “cuidado de vida y medios de vida”. El objetivo es “reabrir la economía dando prioridad a criterios de salud, de allí que la reapertura debe ser gradual”, señaló.

 

 

Potenciales impactos proyecciones fiscales para El Salvador

 

 

Deuda y déficit

La deuda alcanzaría el 82.2 % del PIB en un escenario “optimista” y 90 % en un plano “realista”. En ambos casos, es el endeudamiento más alto de la historia recientes. El déficit fiscal, en tanto, llegaría a entre 8.7 % o 12 % del PIB.

 

Margen fiscal

Se ha recurrido a deuda local, alcanzando $1,600 millones. Debido a que esta deuda se ha contratado más cara, un 9.5 % de interés, en los próximos años se llegaría a pagar $1,500 millones por el servicio.