La Fiscalía General de la República (FGR), informó ayer que los exdirectores de Centros Penales, Rodil Hernández y Nelson Rauda, desviaron más de $100 mil de las tiendas institucionales para servicio de inteligencia, actividad que no está contemplada en la Ley Penitenciaria.

El artículo 152 del reglamento de la Ley Penitenciaria establece que: “La Dirección del Centro deberá promover y desarrollar la tienda institucional con el único propósito de generar fondos para la atención de programas de asistencia social en pro de la población reclusa y de satisfacer necesidades inmediatas del establecimiento penitenciario”.

Asimismo, el fiscal del caso Arturo Cruz, recalcó que cuentan con prueba testimonial de personal que recibió beneficios de los fondos desviados, auditorías contables que indican que los fondos se usaron para pagar sobresueldos y servicios de inteligencia.

Por su parte, el abogado defensor de Rauda, Manuel Chacón, señaló que tienen elementos para que su defendido salga bien librado de las acusaciones de actos arbitrarios y administración fraudulenta.

De igual forma, el exdirector de Centros Penales, Rodil Hernández, declaró que en su administración se trabajó por mejorar la situación de los reclusos de todos los centros penales, sus declaraciones fueron respaldadas por el exdirector Nelson Rauda.

La audiencia preliminar programada para ayer fue suspendida porque la defensora de Hernández, estaba en otra diligencia.