Foto archivo DEM.


 

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) se sumó a las reacciones que han surgido por la polémica entre el gobierno salvadoreño y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), desatada anoche tras el último fallo judicial.

A través de un comunicado de prensa lanzó un llamado al presidente de la República, Nayib Bukele, para que “cese los ataques” hacia la Sala, “respete” la separación de poderes y acate sus resoluciones, como debe ser en un “Estado de Derecho”. Además, instó al mandatario a “abandonar la retórica en que contrapone la protección de la salud y la vida con el cumplimiento de otras normas constitucionales”.

La fundación reconoce el deber del Ejecutivo de combatir la pandemia del COVID-19; sin embargo, señaló debe hacerse “sin violentar otros derechos fundamentales”. En ese sentido, expresó que la sentencia que Bukele anunció no acataría no interfiere con las facultades que tiene el Ministerio de Salud (Minsal) de ejecutar medidas sanitarias para contener la propagación del coronavirus, sino que prohíbe “acciones arbitrarias”, como las retenciones por las violaciones a la cuarentena domiciliar y el decomiso de bienes patrimoniales.

Fusades recordó que el presidente salvadoreño está “sometido a la Constitución” y enfatizó que el máximo intérprete de esta es la Sala y el incumplimiento a sus fallos “constituye una ruptura del orden constitucional” y esto pone en riesgo el sistema democrático salvadoreño.

Ante la situación actual pidió al fiscal general de la República, Raúl Melara, investigue cualquier acto que atente contra la integridad del Estado y los derechos de las personas. También llamó al procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, para que haga cumplir las resoluciones internacionales sobre la vigencia de los derechos fundamentales en el marco de la pandemia.

Con "carácter urgente" solicitó a la Asamblea Legislativa que legisle las medidas "limitadoras de libertad física" y de cualquier otro derecho por la emergencia nacional a causa de la pandemia. Mientras que a la Policía Nacional Civil (PNC) y Fuerza Armada les recordó que no deben salirse de sus atribuciones constitucionales y tienen que cumplir con las obligaciones que la Sala ha determinado.