En su nuevo informe sobre El Salvador, la oenegé denuncia que Bukele autorizó el uso de la fuerza letal a los agentes de seguridad pública para "defensa propia o para la defensa de la vida de los salvadoreños". Foto: Cortesía


La organización internacional Human Rights Watch (HRW) criticó las medidas ordenadas por el presidente de la República, Nayib Bukele, en las cárceles de El Salvador, donde los reos reciben un "trato inhumano" en "celdas hacinadas, insalubres y sin luz" en medio de un repunte de homicidios presuntamente ordenados por pandillas.

En su nuevo informe sobre El Salvador, la oenegé denuncia que Bukele autorizó el uso de la fuerza letal a los agentes de seguridad pública para "defensa propia o para la defensa de la vida de los salvadoreños", en palabras del mismo presidente. "Según el derecho salvadoreño e internacional, esta constituye una medida de último recurso", agrega.

Entre el 24 y 27 de abril hubo 77 homicidios en El Salvador, después de varias semanas con un promedio menor a 2 asesinatos diarios. La responsabilidad, según el mandatario, es atribuible a las pandillas que "por información de inteligencia" gubernamental, ordenaron el repunte desde las cárceles.

Bukele, agregan, "dispuso el encierro obligatorio de pandilleros detenidos en condiciones inhumanas que pueden constituir tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes", y autorizó el uso de la violencia en las calles.

El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco -que se ha mantenido crítico de la administración Bukele-, consideró que ante la pandemia de COVID-19, "las cárceles en El Salvador, al igual que en otros lugares, son un potencial epicentro de brote", riesgo que "se ha exacerbado por las nuevas medidas de confinamiento dispuestas por el gobierno”.

“Paradójicamente, el discurso de mano dura que utiliza el Presidente Bukele ante los 77 asesinatos de los últimos días, pone muchas más vidas en riesgo por posible contagio, tanto dentro como fuera de los centros de detención”, añadió.

El pasado 25 de abril, a través de Twitter, el presidente salvadoreño ordenó al viceministro de Justicia y director de Centros Penales, Osiris Luna, declarar "emergencia máxima en todos los centros penales de pandilleros".

Las autoridades implementaron entonces el encierro absoluto de pandilleros -confinamiento en celdas 24 horas al día y aislamiento solitario de cabecillas por tiempo indefinido. Para impedir la comunicación, además, se mezclaron miembros de pandillas contrarias y se sellaron todas las celdas. Los reclusos estarán “adentro, en lo oscuro, con sus amigos de la otra pandilla”, tuiteó Bukele el 27 de abril.

"Juntar a miembros de distintas pandillas en una misma celda podría agravar el riesgo de motines y violencia en las cárceles", explica la organización.

La emergencia máxima ya se había declarado el 3 de marzo por el homicidio de dos soldados, presuntamente a manos de las pandillas; pero la medida fue levantada el 10 de marzo para implementar protocolos sanitarios que prevengan el contagio de coronavirus.

Ahora, "se observa a miles de detenidos casi totalmente desnudos y amontonados en el piso dentro de las cárceles, mientras la policía requisaba sus celdas", sin ninguna pauta de salud pública para prevenir la propagación de Covid-19, añaden.

Procedimiento es "ilegal"

La declaración de emergencia, según HRW, carece de fundamento legal, debido a que la ley salvadoreña establece que el sistema penitenciario debe estar en emergencia por un máximo de 15 días prorrogables. Luna afirmó que la emergencia en los establecimientos penitenciarios se extendería “por tiempo indefinido”.

La medida, además, debe ser avalada en tribunales previo a la declaratoria del Gobierno, indican.

Conforme a estándares internacionales de derechos humanos, la emergencia en cárceles tampoco es aceptada. "Las autoridades deben asegurarse de que los reclusos tengan acceso a luz y ventilación adecuadas, a medidas de higiene y a un espacio personal adecuado, así como la posibilidad de hacer actividad física al aire libre", señala HRW.

Asimismo, indican que cuando los internos comparten una celda, "las autoridades deben seleccionarlos cuidadosamente para asegurarse de que sea 'adecuado' que estén juntos". En principios básicos de Derechos Humanos, añaden, "se prohíbe en todas las circunstancias disponer el aislamiento solitario prolongado o indefinido, ubicar a un interno en una celda oscura y establecer castigos colectivos".