Carmen Pagés, jefa de la División de Mercados Laborales del BID, durante su ponencia en la semana de RSE. / Fátima Muñoz
Ante la llegada de la cuarta revolución industrial, crece la preocupación por ser desplazados por las máquinas, pero también hay otros retos como la cobertura de seguridad social para quienes trabajan en plataformas como Uber o Airbnb, señaló ayer una experta del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La automatización “no acaba con el empleo” pero sí “lo transforma radicalmente”, dijo ayer Carmen Pagés, jefa de la División de Mercados Laborales del BID durante la tercera jornada de la Semana de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y Sostenibilidad, que realiza la Fundación Empresarial para la Acción Social (Fundemas).
La transformación del empleo “va en cámara rápida” en dos megatendencias: la primera enfocada en la inteligencia artificial, hacia empleos con competencias más sofisticadas, y una segunda relacionada a la intermediación para conectar la oferta con la demanda.
En esas tecnologías de intermediación es “básicamente que el mercado de trabajo ahora está en nuestro teléfono”, explicó, porque hoy en día existe “un montón de plataformas” en las que una persona puede ingresar y encontrar un empleo.
En principio “es muy cómodo para todo el mundo” porque el trabajador puede estar “donde quiera” y conectarse “con el resto del mundo”, pero esto también “trae muchos retos” al cuestionar las razones laborales “con las que hemos coexistido”.
“No está claro si es un empleado, un asociado de esa plataforma o trabaja por cuenta”, indicó.
“En la medida que más empleo se esté yendo para ahí, mucho de la manera en que hemos estructurado el estado de bienestar, las pensiones, la salud, las protecciones al trabajador, eso se va diluyendo porque estamos ante este nuevo mercado laboral”, comentó Pagés.
En lugar de un grito de miedo, esta tendencia plantea oportunidades de que “no podemos seguir con estructuras que vienen del siglo XIX” ante el cambio del mercado. “Tenemos que modernizar la seguridad social y asegurarnos que conseguimos que las personas que trabajan en plataformas sigan siendo aportantes y sigan recibiendo beneficios”, explicó.
Este reto supone un esfuerzo mayor si se considera que en El Salvador un 65 % de la población no está afiliada o cuenta con cobertura de algún sistema de seguridad social, público o privado.
Los más desprotegidos son los salvadoreños en el área rural, donde el 81.4 % no tiene cobertura social frente a un 55.9 % de la población urbana que tampoco está protegida.